«El copago [farmacéutico y ortoprotésico de los discapacitados] se va a eliminar; el instrumento legal no es lo importante». El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quiso ayer lanzar un «mensaje de tranquilidad» tras la decisión de retirar de la ley de acompañamiento a los presupuestos la eliminación del copago en farmacia y prótesis a los menores de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y a los mayores de edad con diversidad funcional superior al 65%.
Un anuncio estrella del Consell de izquierdas que se vio obligado a rectificar tras el informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que advierte de la inconstitucionalidad de la medida al dejar fuera a los discapacitados mayores de 18 años con una minusvalía entre el 33 % y el 65 %. Los afectados salieron a la palestra ya el sábado para lamentar que, si no había retirada del copago, se les habrá «engañado».
La marcha atrás provocó el viernes una tormenta en el Consell que en éste se achaca a un problema de comunicación, ya que el cambio trascendió al denunciarlo el PP cuando ya se había decidido una fórmula alternativa para hacer realidad la supresión. «Vamos a cumplir con nuestro compromiso y eliminar el copago confiscatorio», aseveró Puig a preguntas de los periodistas en la comparecencia ayer en el Palau junto con la presidenta de Baleares, Francina Armengol. Según explicó, al no poder regularlo vía ley, las ayudas se articularán ahora a través de los presupuestos. En concreto, hay tres líneas: una, de 6.430.240 euros, para las recetas; otra, de 200.000, para las prótesis; y una tercera, de 35 millones, para la farmacia de pensionistas con rentas bajas (no afectada directamente por el reparo del CJC).
El Ejecutivo tendrá que dictar una orden reguladora de estas ayudas, que la Conselleria de Sanidad sacará a principios de año. Si, como es previsible, no está a 1 de enero, la norma incluirá un precepto para garantizar que las ayudas podrán pedirse «con efectos retroactivos» desde el 1 de enero. De este modo, el retraso en concretar la orden no mermará derechos de los usuarios. Puig telefoneó ayer a primera hora a la titular de Sanidad, Carmen Montón, para conocer de primera mano la situación y trasladarle que, en todo caso, la orden debía incluir la retroactividad a 1 de enero de 2016.
No puede pasar por las farmacias
Puig, quien reconoció que han tenido que cambiar el modelo por la «posición» del CJC, insistió en que el problema no es la fórmula legal, sino que se haga realidad. Y añadió que la decidida da «más seguridad» ante una eventual «acción punitiva legal» del Gobierno. Esto es, un recurso al Constitucional, como ha hecho en la ley que da la sanidad a los sin papeles.
A su juicio, la vía de las subvenciones „que Montón dijo ayer que serían «directas a los usuarios», aunque también podrían vehicularse a través de las asociaciones„ ahuyenta el riesgo de inconstitucionalidad, ya que se trataría de «una cuestión asistencial». Es decir, que el Consell puede otorgar ayudas a colectivos que crea más vulnerables, como sería este caso; otro asunto es que fije una desigualdad de trato por ley. Los discapacitados tendrán que pagar las recetas y luego, pedir la devolución vía ayudas. La subvención no se puede vehicular sobre las recetas o a través de las farmacias, ya que entonces se incurriría en «fraude de ley».
Montón se reunió con miembros de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia (la coordinadora, Elvira Murcia, además de Francisco Jaime Calatayud y Antonio Jiménez), así como con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi CV), como su presidente, Joan Planells, y José M. Pichel, Mateo Sansegundo, Vicent Sanchis y Llum Moral.
La consellera reafirmó el «compromiso» de financiar los productos farmacéuticos y ortoprotésicos a los «colectivos especialmente vulnerables, como discapacitados o pensionistas», que «tuvieron que asumir hace tres años» el coste por los «recortes» del PP.
