11 de noviembre de 2015
11.11.2015
Ley de Protección Jurídica del Menor

Los maestros se sienten señalados

Consideran «un tiro a la presunción de inocencia» que se les exija un certificado penal de que no están condenados por delitos sexuales

11.11.2015 | 02:10
Los maestros se sienten señalados

La gran mayoría de sindicatos docentes critica que se les exija a los maestros y profesores que trabajen con menores un certificado de que no están condenados por delitos sexuales. Consideran que dicho anuncio del Ministerio de Educación, además de «cuestionar el principio jurídico de presunción de inocencia», es una «medida electoralista más mediática que efectiva» que «señala» al profesorado.

­«A mí me duele que piensen que el peligro está más dentro de la escuela que fuera», lamenta el presidente del sindicato docente independiente ANPE en la Comunitat Valenciana, Laureano Bárcena, ante la exigencia del Ministerio de Educación de solicitar a todos los docentes un certificado de que no están condenados en sentencia firme por algún delito sexual. Una medida que la gran mayoría de sindicatos de la enseñanza rechazan.

La certificación negativa, que se reclama en virtud de la Ley de Protección Jurídica del Menor, va encaminada a que ninguna persona condenada por pederastia pueda trabajar en colegios e institutos tanto públicos como privados y concertados. Atañe tanto al profesorado, como a los monitores del transporte, comedor escolar y actividades extraescolares fuera del horario lectivo.

«Es absurdo y una aberración que se nos pida un certificado de penales, pues no se tiene en cuenta el principio jurídico de que uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario», subraya desde el Sindicat de Treballadors de l´Ensenyament (Stepv), Marc Candela. El Stepv enmarca dicha medida, que ve poco efectiva, dentro de «la campaña de acoso contra el profesorado lanzada por el Gobierno, que nos quiere convertir a los docentes en sospechosos».

«Propaganda electoral»
La secretaria de Acción Sindical de la Federació d´Ensenyament (FE) de CC OO, Xelo Valls, también duda de la efectividad del requisito. «Está claro que un profesional de la Educación no puede ser un delincuente sexual, pero exigir un certificado no me parece que sea una medida preventiva», apunta.

Además, Valls incide en que la Ley de Protección Jurídica del Menor está en vigor desde el 18 de agosto, pero el ministerio anuncia «su aplicación ahora, casi a las puertas de la campaña electoral, con lo que parece que sus fines no sean más que propagandísticos». La portavoz de la FE CC OO entiende que «a primera vista se pide a los docentes un certificado de penales, lo cual es un tiro a la línea de flotación de la presunción de inocencia».

Desde ANPE, Bárcena insiste en que nadie cuestiona que haya que proteger a los menores, pero se pregunta si su seguridad sólo está comprometida dentro de la escuela. «¿Se va a pedir también ese certificado a todos aquellos que tienen contacto con niños fuera del ámbito educativo? ¿Por qué a profesores sí y al resto no?», insiste.

«No se debe focalizar en el profesorado absolutamente la responsabilidad de todo, y con esta medida se nos está señalando», critica el portavoz de ANPE.

Rafael Benavent, delegado sindical de la Central Independiente y de Funcionarios (CSIF) cree que «como es costumbre se legisla sin tener claro la manera de implementar las leyes».

«Que se certifique de oficio»
«No nos parece mal que la Administración tenga constancia de si una persona que trabaja con menores ha sido condenada por delitos sexuales, pero si que exigimos que se certifique de oficio accediendo a las bases de datos judiciales, previo consentimiento del trabajador, y que dicho procedimiento se plasme en una reglamentación explicita», dice.
No obstante, Benavent, también matiza que se trata de una medida «muy mediática» que si sólo se exige al profesorado, «se pondrá en tela de juicio, una vez más, la proyección social del docente».
La Federació de Treballadors de l´Ensenyament (FETE) de la UGT, no ha entrado a valorar el anuncio ministerial, pero advierte de la problemática que supondrá que en la enseñanza valenciana más de 10.000 interinos tengan que pedir cada año un certificado de penales.

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