La ley contra las puertas giratorias ha puesto en alerta a los sindicatos, que exigen que la norma se trate en la Mesa General de la Función Pública. UGT, CC OO y STEPV rechazan que el Consell obligue a los funcionarios a airear sus bienes y su patrimonio, ya que, recuerdan, este personal no es político aunque ocupe puestos de libre designación. Desde la FSP-UGT Gonzalo Fernández avisó de que irán a los tribunales y lamentó que consellers como Alcaraz o Gabriela Bravo avalen un texto que invade normativa básica y que «mete en el mismo saco a políticos y funcionarios». Desde CC OO Juan Cruz se quejó también de que se mezcle a los empleados con la corrupción y avanzó que han pedido una reunión con Compromís. j.r. valencia
