Queda prohibido el autobombo con dinero público. Las Corts dieron ayer vía libre a la tramitación de una proposición de ley de Compromís para evitar el uso partidista de la publicidad institucional en la que se prohíbe, en la Generalitat y en todos los ayuntamientos de la C. Valenciana, el recurso a los «saluda» o la aparición de cargos públicos en la publicidad y en publicaciones institucionales. Asimismo, se vetan los actos públicos de entrega de llaves o bienes, como becas, nombramientos o contratos; los actos de inauguración de obras o servicios por parte de cargos, incluidos los «viajes en cabina de conductor de cargos electos»; o la colocación de placas conmemorativas o primeras piedras.

La iniciativa, que ahora pasará a comisión, fue apoyada por PSPV y Podemos, mientras el PP y C's se abstuvieron. Isaura Navarro, defendió que la norma, que plantea la creación del Consejo de Control de la Publicidad Institucional, acabará con el uso partidista de la publicidad oficial. El PP desconfía del texto y Ciudadanos se desmarcó al no compartir el nuevo Consejo.

En el pleno, se aprobó por unanimidad una propuesta, consensuada a partir de una iniciativa de Ciudadanos, por la que la Sindicatura de Comptes y la Intervención General de la Generalitat harán una auditoría económica y laboral de todas las entidades que dependen de la Administración valenciana, para detectar las que son «innecesarias» o «superfluas».

Además, se decidió crear dentro de la comisión de Economía una subcomisión que examine las auditorías y proponga al Consell la eliminación de las entidades y organismos que resulten innecesarias o incurren en duplicidades, o la reestructuración de las que están sobredimensionadas.

Carolina Punset (C's) defendió la aplicación de «criterios de gestión empresarial» a estas entidades, donde hay opacidad, pues no se debe despilfarrar dinero público. El socialista José Muñoz cargó contra el PP por el uso del sector público «para pagar su barra libre».

No al recurso por los 'sin papeles'

En el pleno se aprobó otra iniciativa de Compromís, respaldada por el PSPV y Podemos, para instar al Gobierno a retirar el recurso que presentó contra la ley que otorga la sanidad a los sin papeles, así como que solicite al Constitucional el levantamiento de la suspensión cautelar. El PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo.