Una de las asignaturas pendientes de la Generalitat a las que tenía que enfrentarse el Consell de Ximo Puig y Mònica Oltra era la reordenación de las concesiones de Televisión Digital Terrestre (TDT), que fueron adjudicadas el 30 de diciembre de 2005 en un concurso que fue anulado por el Tribunal Supremo el 18 de julio de 2012. El Alto Tribunal sentenció que la selección de los aspirantes en 14 demarcaciones del mapa de las TDT se había privatizado, dado que la baremación de méritos se dejó en manos de la empresa Doxa Consulting y la valoración de las ofertas no se incorporó a la resolución de enero de 2006.

A los pocos días de entrar en el Palau el pasado 28 de junio, el presidente de la Generalitat tropezó con la sorpresa de que la nueva adjudicación, fruto de la rebaremación de las ofertas, había sido ya resuelta por la mesa técnica de contratación. Exactamente el 23 de junio, dos días antes de que las Corts votó la investidura del nuevo presidente, según explicaron ayer fuentes de Presidencia. Personal de la casa entregó un sobre con el acta de la mesa con la resolución del concurso convocado en julio de 2005 por el entonces conseller de Comunicación Esteban González Pons. Una convocatoria para el reparto de 42 TDT (tres por comarca), en las que se daba cabida a un cuarto canal público dentro del múltiplex.

«No es normal adjudicar, sobre un concurso de 2005, diez años después y con todo lo que ha pasado, cuando muchos de los que se presentaron están imputados, en concurso de acreedores o ya no existen», lamentaron las citadas fuentes en alusión, entre otras, a la mercantil Mediamed Comunicación Digital, del empresario leonés José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel y principal adjudicatario en 2006.

Entre los adjudicatarios figuran Editorial Prensa Valenciana, editora de Levante-EMV, con siete concesiones, que se suman a LevanteTV en Valencia, y Editorial Prensa Alicantina, con cinco, más la confirmación de Información TV en el área de Alicante. La editora de este diario ha logrado la mejor puntuación técnica en todas esas demarcaciones, salvo en Alzira, donde queda en segundo lugar.

El Consell de izquierdas estaba resuelto, explicaron, a «convocar un nuevo concurso» sobre la base de las circunstancias reales, económicas y societarias, de los que quisieran optar. «Lo lógico era convocar de nuevo y declarar desierto el anterior concurso», advirtieron. Ahí empezó un proceso de asesoramiento jurídico en estos cuatro meses desde la toma de posesión. Finalmente «un informe jurídico muy razonado de la Abogacía de la Generalitat» concluyó que legalmente «estábamos obligados a llevar adelante» el nuevo reparto y convertirlo en definitivo, dado que, una vez «elevado informe de la mesa de contratación», el «riesgo jurídico» de anular el proceso era «muy superior» al que se asume respetando la resolución.

Los servicios jurídicos de la Generalitat ya dictaminaron en 2013 que, a tenor de la sentencia del Supremo, no cabía anular el concurso sino rebaremar ofertas.

Licencias por 15 años

Con todo, las mismas fuentes admitieron que esperan «un montón de demandas» de quienes se sientan perjudicados y ello pese a tener los avales jurídicos de que la decisión tomada ofrece «mayores garantías», comentaron las fuentes de Presidencia, que tildaron la acción de Fabra de «bomba de relojería».

Los informes encargados «nos obligan a elevar a definitiva la propuesta» „reiteraron desde el Palau„ y consolidar las concesiones a los que presenten la documentación «económico-financiera» que acredite la solvencia para gestionar la licencia. Porque la Ley General del Audiovisual, de 2010, cambió las condiciones del concurso. Esta norma cambiaba el régimen de explotación de las TDT, que pasaba de concesión a una licencia. El período de vigencia también se modificó de 10 a 15 años, plazo que empezará a contar desde la fecha de 2016 en la que el Consell convierta en definitiva la resolución.

La mesa de contratación fue presidida por José Luis Torró, secretario autonómico de Comunicación con Fabra. Como vocales estaban Mª Teresa Fernández, directora general de relaciones informativas; Juan Gisbert, jefe de servicio de Comunicación; María Fe Ruiz, interventora delegada, y Vicente Talens, abogado de la Generalitat.