La cafetería y restaurante de los diputados sigue siendo un auténtico quebradero de cabeza para las Corts. El último episodio es el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana presentado por la constructora de las obras de reforma de la cafetería y construcción de un restaurante en el Parlamento valenciano, con el fin de cobrar ahora, ocho años después de la apertura y seis desde la entrega definitiva de las obras, un total de 135.904 euros. En caso de que los tribunales dieran la razón a la UTE Maybe y Alcuba, el proyecto, que supuso un desembolso astronómico de 1.635.606 euros, IVA incluido, vería así incrementado el coste hasta un total de 1.771.510 euros.
De momento, la sala ha admitido a trámite el recurso, una decisión que ha comunicado a las Corts, a las que reclama el expediente administrativo. El conflicto arranca en 2010, cuando la constructora, después de haber pasado una factura de 1,6 millones, reclama el cobro de 156.796 euros adicionales, como consecuencia del exceso de unidades de obra ejecutadas respecto a las proyectadas tras los trabajos de medición sobre el terreno.
La petición contraría a las Corts, que se resisten a seguir pagando más, cuando ya han desembolsado el equivalente a 272 millones de las antiguas pesetas. Con el informe de un letrado en la mano, la Cámara se niega a abonar con el argumento de que la liquidación final de obra no corresponde presentarla hasta la finalización del plazo de garantía, que en este caso era de cuatro años. Como la obra se entregó en febrero de 2009, sería en 2013 cuando correspondería, en su caso, el pago. Además, cuestionaba el importe, ya que, según la ley, hay un tope del 10 % en los excesos de unidades ejecutadas sin la previa aprobación de la actuación. Como la obra se adjudicó por 1.390.265 euros, la Cámara debería abonar un máximo de 139.036 euros. Esto, un exceso de 17.769 euros respecto a la petición inicial de la firma.
Los miembros de la Mesa de las Corts a finales de 2010 optaron por no abonar nada. La empresa, sin embargo, esperó que se agotaran esos cuatro años para pedir los 135.904 euros «en que quedó reducida la liquidación». El Parlamento se cerró en banda y se negó a soltar un euro más. Alegó que, según una circular de 1995, para poder satisfacer cantidad alguna hace falta que la Conselleria de Cultura acuerde iniciar un expediente informativo de responsabilidad que ampare el reconocimiento extrajudicial de deuda. Expediente que, por lo visto, nadie va a iniciar.
El 4 de mayo de 2015, a veinte días de las elecciones, la firma presenta un escrito a la Mesa en el que le avisa que, si no le paga, la denunciará «por inactividad». Critica la «lesión a los derechos del contratista, al condicionarse el pago de la cantidad que se le sigue adeudando por los trabajos ejecutados a satisfacción de la Administración, al inicio de un expediente que se contiene en una circular que carece de efectos normativos». «A ello se une que, según se nos ha indicado verbalmente, dicho expediente no se va a iniciar». Para la empresa, constituye «una actuación irregular» el que se condicione el pago al cumplimiento por otro órgano administrativo de lo dispuesto en una circular, «y que se pretenda que la contratista esté 'sine die' a la espera de que la Conselleria de Cultura, con la que no se ha suscrito ningún vínculo contractual, inicie un procedimiento» del que es ajena la constructora.
