El nuevo gobierno de la Generalitat ha hecho efectiva su salida del accionariado de Tarea Promotora Valenciana, la empresa mixta que en 2004 impulsó el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, con el empresario alicantino Enrique Ortiz, para construir 9.634 viviendas en el PAI Nou Manises, además de otros proyectos en Valencia y Alicante. Tal como informó este periódico el pasado 2 de noviembre, la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), que desde 2013 asume la actividad del Ivvsa (la firma pública que empleó Blasco para formar sus sociedades mixtas), aprovechará la reducción de capital de la empresa que ha propuesto Ortiz y abandonará esta sociedad de la que aún ostenta el 49 % de las participaciones. Tarea está en preconcurso de acreedores y desde 2012 no paga cuotas ni intereses hipotecarios de préstamos valorados en 17 millones de euros.

El «divorcio» entre Ortí y la Generalitat se oficializó ante notario el pasado viernes. Primero, los entonces aún socios designaron a los nuevos consejeros de Tarea Promotora y para ello convocaron un consejo de administración. Una vez cumplido este requisito, se formularon las cuentas del pasado año y se aprobaron en una junta general. Como la Generalitat no estaba de acuerdo con estas cuentas, sus dos consejeros se abstuvieron y salieron adelante con los dos votos favorables de Ortiz y otro consejero de su empresa.

A continuación, se celebró un consejo de administración en el que se aprobó la reducción del capital de Tarea Promotora a cero para seguidamente ampliarlo (lo que se conoce como una «operación acordeón), momento que la Generalitat aprovechó para renunciar a esta ampliación y de esta forma salir de la empresa, que se hizo efectiva de forma definitiva con la renuncia de sus dos consejeros.

Todos estos pasos, tal como destacaron ayer fuentes de la Conselleria que dirige María José Salvador, se realizaron en poco más de una hora ya que se habían pactado con el propio constructor, que seguirá al frente de Tarea Promotora pero ya sin el gobierno autonómico como socio.

Tal como recordaban las fuentes de la conselleria, entre 2004 y 2006 la Generalitat constituyó a través del Ivvsa 14 sociedades mixtas para desarrollar proyectos en suelo público. Los más importantes eran el Nou Mil.lenni de Catatarroja (12.000 viviendas con Llanera de socio) y Gran Manises. De estas 14 sociedades, la mayoría se han ido disolviendo por falta de recursos o la imposibilidad legal de poner en marcha sus planes urbanísticos. Hasta que el pasado viernes rompió con Ortí, la EIGE participaba con otras empresas en esta sociedad; otra que forma con el Ayuntamiento de Valencia para desarrollar el Plan Cabanyal-Canyamelar; Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas (de la que sólo tiene el 5 % de las participaciones); y Desarrollos Urbanos.

Esta última es la única en la que es Ivvsa es socio mayoritario (el 51 %) y fue creada por Blasco para desarrollar planes en Vinaròs, el Puig, Vila-real, Massalfassar y Orpesa.