La Agencia Tributaria Valenciana que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció el pasado mes de julio para, en colaboración con las diputaciones, mejorar la eficacia en la recaudación y luchar contra el fraude fiscal tiene un primer obstáculo que sortear: el avispero en el que en estos momentos se ha convertido el área de Tributos de la Generalitat. El probable cese de cerca de 40 inspectores de tributos interinos (prácticamente la mitad de la plantilla actual) y los contencioso-administrativos planteados por varios de ellos contra las oposiciones que puso en marcha el anterior Consell, dibujan un panorama complicado para el bipartito en un área especialmente sensible.
De este departamento depende, además de la lucha contra el fraude, toda la gestión de los tributos propios, una fuente básica de ingresos para las maltrechas arcas autonómicas. Con el debate del modelo de financiación aún sin cerrar, la recaudación propia otorga al Consell un estrecho margen, aunque importante, para incrementar sus recursos. De hecho desde la Conselleria de Hacienda se trabaja en una reestructuración de los tributos, que incluye la activación de nuevas figuras impositivas.
Esta nueva política, que incluye la creación de un organismo autónomo, se topa con la cruda realidad de un departamento que concentra un alto índice de temporalidad. El problema viene de años atrás (cuando se echó mano de los interinos tras cuatro oposiciones con una tasa ridícula de aprobados) y se acrecentó, al finales de la pasada legislatura, con la creación de la Agencia de Tributos.
El primer punto de fricción fue la decisión de los antiguos responsables de Hacienda de amortizar las plazas de interinos que ocupan la máxima categoría (A1) y crear nuevos puestos con una categoría inferior (A2) y con menor salario. A los interinos (algunos llevan más veinte años trabajando) se les ofreció como puerta de entrada al nuevo organismo incorporarse a una bolsa de trabajo temporal, al tiempo que se convocó una oposición para cubrir doce plazas de inspectores. Ya entonces los trabajadores comenzaron a movilizarse porque temían acabar en la calle. Y los peores vaticinios llevan camino de cumplirse.
El colectivo asegura que desde Hacienda se les ha comunicado que en el primer trimestre de 2016 tendrán que dejar su puesto si no han aprobado la oposición o algún examen que les permita quedarse en la nueva bolsa de trabajo. Los interinos preparan movilizaciones al considerar injusto que no se les valore que llevan años cargando con el pes0 de la gestión de los tributos. Además, aseguran que su macha tendrá consecuencias dado el colapso de expedientes y la falta de experiencia de quienes entren.
La conselleria, por su parte, niega la mayor y asegura que el área no quedará huérfana ni desmantelada de personal preparado. El criterio de Hacienda es compartido por los sindicatos mayoritarios para quienes es el final lógico de aquellos que no han pasado un proceso selectivo para trabajar en la Generalitat. Los sindicatos auguran muchos más ceses de interinos en el futuro, dado que las ofertas de empleo público se han desbloqueado tras años congeladas. Desde la FSP-UGT se advierte de que no habrá plan de estabilidad y el interino que quiera quedarse tendrá que pasar una oposición. El CSIF ha solicitado una reunión para conocer los detalles del proceso antes de posicionarse.
