18 de noviembre de 2015
18.11.2015

«En los CIE se violan sistemáticamente derechos básicos»

La propuesta de acuerdo remarca que los centros de internamiento son como «prisiones encubiertas»

17.11.2015 | 23:57

Prisiones encubiertas y lugares donde se violan sistemáticamente los derechos básicos de las personas. Así califica la propuesta de acuerdo firmada por el gobierno tripartito de Valencia los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de España, en general, y el de Zapadores, en particular. Estas declaraciones no surgen de la nada. El documento afirma que así lo aseguran diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y numerosas denuncias de diversas organizaciones, entre las que se encuentra la campaña para el cierre de estos centros (CIES no). «Las personas encerradas en los CIE están privadas de derechos fundamentales como es el derecho a la libertad, el derecho de una salud digna, el de la seguridad individual o el derecho de la libertad religiosa entre muchos casos y otras privaciones».

Y es que la propuesta de acuerdo especifica que en el Estado español, la constitucionalidad del internamiento ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, «pero condicionada a una serie de requisitos de excepcionalidad, control jurisdiccional y un supuesto carácter no penitenciario de los centros, que no se corresponde a la realidad». Ese es el motivo por el que el Ayuntamiento de Valencia rechaza de forma pública la existencia del centro y su gestión actual.

Es más, asegura que en la actualidad los CIE «resultan ineficientes e innecesarios desde el punto de vista de la función por la que fueron creados ya que menos de la mitad de las personas que pasen por los CIE del estado español son deportados».

El Ministerio de Interior ha reconocido un gasto de 8,8 millones de euros anuales destinados a la gestión de los CIE, a los que ha de sumarse los 11.985.600 euros presupuestados este año para la ejecución de vuelos macro de deportación. «El coste medio por persona internada, a pesar de que no hay datos públicos, se sitúa en los 100 euros diarios, sin contar el coste de las infraestructuras ni el personal», asegura la propuesta de acuerdo.

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