18 de noviembre de 2015
18.11.2015
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"Una justicia que no responde de modo ágil es una injusticia"

Hacienda anuncia la mejora del sistema informático judicial en un debate con 7 miembros de la judicatura valenciana

18.11.2015 | 00:39
"Una justicia que no responde de modo ágil es una injusticia"

«Una justicia que no responde en un periodo ágil es una injusticia», reivindicó ayer la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia, Teresa Gisbert, en el debate a siete voces, organizado por la Universidad Europea de Valencia. A partir del título «El reto de los recursos, cuestión clave para la Justicia» y moderados por el fiscal y profesor, Javier Roda, los primeros espadas de la justicia valenciana diagnosticaron el minuto y resultado en el que se encuentra el sistema judicial y las mejoras necesarias para adaptarlo al siglo XXI.

El diagnóstico es conocido. Faltan medios personales, materiales y tecnológicos para que la justicia sea más ágil y efectiva. «La justicia debería tener un plan tecnológico con el nivel de tecnología con el que cuentan Hacienda o tráfico», defendió el decano del Colegio de Abogados de Valencia, Rafael Bonmatí. Una reivindicación en la que coincide el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer: «Si se hubiera invertido en justicia como se ha hecho en la Agencia Tributaria...»

De hecho, los programas y sistemas informáticos de la justicia valenciana viven congelados «en el año 1998», admitió la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien recordó, tras el diagnóstico de sus cinco compañeros de mesa y de trabajo en la justicia, que el presupuesto de su departamento aumentará «un 6% el próximo año, lo que nos permitirá arrancar y revertir la situación» tras el «estado de semiabandono de los últimos años» del sistema judicial valenciano.

El titular de Hacienda, Vicent Soler, remachó el anuncio: «En 2016 se van a implantar las versiones actualizadas de Windows, Oracle, la firma electrónica y dos nuevas versiones del programa Cicerone [el que usa en los juzgados]. En los primeros meses de 2016 nos adaptaremos a los estándares del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se podrá actuar con el programa de la Fiscalía (el Fortuny, incompatible hasta ahora con el de los juzgados)».

Además, Bravo adelantó que se crearán 10 órganos judiciales nuevos, la oficina judicial (mirando hacia la fórmula aplicada con éxito en el País Vasco), incrementará un 24% las retribuciones a los abogados de oficio e impulsará las Oficinas de atención a las víctimas multidisciplinares (con abogados, psicólogos, criminólogos y trabajadores sociales». Una atención necesaria porque, como dijo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la CV, Pilar de la Oliva, «si se invierte en justicia no se gasta, sino que se gana en justicia. No somos un gasto, somos una inversión», reivindicó, al tiempo que reclamaba «los juzgados bis, mayores servicios comunes y la urgente modernización de las conexiones informáticas».

A nivel judicial, la Fiscal Jefe Teresa Gisbert también reivindicó que «la instrucción de los casos resida en el Ministerio Fiscal», al tiempo que criticaba la «nefasta» reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) que obligará a los fiscales valencianos a «revisar 23.000 casos sólo en la provincia de Valencia». Tanto la fiscal como el decano de los jueces pidieron trabajadores especializados de apoyo: «interventores, auditores, expertos urbanísticos» (Gisbert), policías, peritos judiciales (Viguer) y mejora de las plantillas.

Sólo así se logrará revertir la situación actual de la justicia española (y valenciana por extensión), descrita por Pedro Viguer y el abogado y socio de Garrigues, Luis Sebastián, en el debate. Según el Estudio de Indicadores sobre la justicia en la Unión Europea, «España se encuentra en la posición 21 del total de 28 países en la tardanza en resolver conflictos, el 13 en el uso de nuevas tecnologías, el 21 en presupuesto para la justicia y el 22 en jueces por cada 1.000 habitantes. «Mejorar ahora es un reto, antes era una utopía», defendió la consellera Bravo.

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