La presunta trama corruptas en pequeños ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, liderada por el ex secretario del Ayuntamiento de Canet y el ex interventor del Consorcio de Museos, elaboraba informes para municipios e instituciones públicos cuyo coste alcanzaba los «mil euros el folio», según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de la investigación.
La investigación realizada por el equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia sitúa al ex secretario de Canet, José Antonio Sancho, y al exinterventor del Consorcio de Museos, Rafael José Parra, como los principales beneficiarios de la trama de desvío de dinero público mediante la contratación de informes a precios astronómicos por ayuntamientos de pequeño tamaño.
La investigación, que ha permanecido secreta desde 2013 para facilitar las pesquisas, ha permitido imputar a tres alcaldes, 11 exalcaldes, secretarios e interventores de ayuntamientos y un ex alto cargo de la Generalitat, además de destacados miembros de la Academia Valenciana de Juristas, una «organización empresarial creada en 2001», supuestamente «sin ánimo de lucro». A todos ellos se les imputan los presuntos delitos de presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública, por contratar y pagar «asesoramientos que no se prestaban». Una sospecha que los investigadores deducen porque han encontrado facturas de «140.000, 100.000 o 80.000 euros anuales» pagadas por ayuntamientos pero no han encontrado el «fruto» de esas facturas: los informes que contrataban los ayuntamientos y la Generalitat no han aparecido en los registros. Por ejemplo, los 50.000 euros abonados por el ex secretario general de la Conselleria de Medio Ambiente y ex director general de Calidad Ambiental en la Conselleria de Territorio, Jorge Lamparero, también imputado y que se acogió a su derecho a no declarar. Lamparero contrató los servicios de Sancho y Parra para elaborar tres informes, que no se han encontrado.
Por último, el alcalde de Ador, Joan Faus (Gent d'Ador), la alcaldesa de Benirredrà, Loles Cardona (PSPV), y la exalcaldesa de Real de Gandia, Vanessa Martínez, imputados en la presunta trama de corrupción aseguraron ayer en un comunicado que contrataron a la empresa de asesoramiento investigada por recomendación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Martínez añade que Real de Gandia los contrató tras quedarse sin secretario municipal, por recomendación de la FVMP, y que su imputación es «para salvaguardar la legalidad de la investigación».