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Investigación

La trama de las asesorías hacía informes de 1.000 euros el folio

Tres estudios que el ex alto cargo Jorge Lamparero pagó por 50.000 euros no aparecen

La trama de las asesorías hacía informes de 1.000 euros el folio

La presunta trama corruptas en pequeños ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, liderada por el ex secretario del Ayuntamiento de Canet y el ex interventor del Consorcio de Museos, elaboraba informes para municipios e instituciones públicos cuyo coste alcanzaba los «mil euros el folio», según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de la investigación.

La investigación realizada por el equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia sitúa al ex secretario de Canet, José Antonio Sancho, y al exinterventor del Consorcio de Museos, Rafael José Parra, como los principales beneficiarios de la trama de desvío de dinero público mediante la contratación de informes a precios astronómicos por ayuntamientos de pequeño tamaño.

La investigación, que ha permanecido secreta desde 2013 para facilitar las pesquisas, ha permitido imputar a tres alcaldes, 11 exalcaldes, secretarios e interventores de ayuntamientos y un ex alto cargo de la Generalitat, además de destacados miembros de la Academia Valenciana de Juristas, una «organización empresarial creada en 2001», supuestamente «sin ánimo de lucro». A todos ellos se les imputan los presuntos delitos de presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública, por contratar y pagar «asesoramientos que no se prestaban». Una sospecha que los investigadores deducen porque han encontrado facturas de «140.000, 100.000 o 80.000 euros anuales» pagadas por ayuntamientos pero no han encontrado el «fruto» de esas facturas: los informes que contrataban los ayuntamientos y la Generalitat no han aparecido en los registros. Por ejemplo, los 50.000 euros abonados por el ex secretario general de la Conselleria de Medio Ambiente y ex director general de Calidad Ambiental en la Conselleria de Territorio, Jorge Lamparero, también imputado y que se acogió a su derecho a no declarar. Lamparero contrató los servicios de Sancho y Parra para elaborar tres informes, que no se han encontrado.

Por último, el alcalde de Ador, Joan Faus (Gent d'Ador), la alcaldesa de Benirredrà, Loles Cardona (PSPV), y la exalcaldesa de Real de Gandia, Vanessa Martínez, imputados en la presunta trama de corrupción aseguraron ayer en un comunicado que contrataron a la empresa de asesoramiento investigada por recomendación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Martínez añade que Real de Gandia los contrató tras quedarse sin secretario municipal, por recomendación de la FVMP, y que su imputación es «para salvaguardar la legalidad de la investigación».

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