20 de noviembre de 2015
20.11.2015
Educación

La concertada rechaza que Educación regule su oferta de plazas escolares junto a la pública

Escuelas Católicas asegura que incluirles en «arreglo escolar» viola el Reglamento de Conciertos y la Lomce

20.11.2015 | 02:54

«La conselleria competente en materia educativa planificará la oferta de plazas escolares sostenidas con fondos públicos». Estas 16 palabras contenidas en el nuevo decreto de admisión del alumnado para el curso 2015-16 que está tramitando la Conselleria de Educación han despertado reacciones contrapuesta: Ovación en la enseñanza pública, mientras la concertada enciende una alarma más a sumar a la eliminación del distrito único de escolarización.

Con esta frase Educación planea incluir a la concertada en el llamado «arreglo escolar» o la planificación previa a la admisión del alumnado en la que se suprimen o abren aulas para el curso siguiente en función de la matrícula en los ejercicios precedentes y la evolución de la natalidad.

Mesa Sectorial
Los portavoces del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv) y de la Federació d'Ensenyament de CC OO, Marc Candela y Ferran Vicent García, tras la Mesa Sectorial de Educación en la que Administración y sindicatos docentes de la pública abordaron ayer el nuevo modelo de admisión, coincidieron en señalar que la conselleria «incluirá a la concertada en el arreglo escolar, algo que nunca se ha hecho».

La planificación conjunta de toda la oferta escolar es una reivindicación histórica de los docentes de la pública, que criticaban que cierre de aulas por parte de la anterior conselleria era mucho más intenso en la pública que en la concertada.

El PP atribuía dichas supresiones a la caída de natalidad y la marcha de la población inmigrante, mientras los sindicatos culpaban al trasvase de alumnado de la pública a la concertada por el aumento de ratios y el distrito único.

«Planificación incompleta»
La Federació de Treballadors del Ensenyament (FETE) de la UGT también aplaude que se supere «la forma incompleta de planificación educativa que se realizaba hasta ahora, en la que sólo se tomaban en consideración los centros públicos para realizarla, suprimiendo o creando unidades».

Sin embargo, desde la patronal Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana (Escacv), su presidenta, Vicenta Rodríguez, advierte de que la inclusión de los centros privados sostenidos con fondos públicos en el «arreglo» escolar «tiene difícil encaje jurídico». Asegura que dicha inclusión atenta contra el Reglamento de Conciertos Educativos de 1985 aprobado por el Gobierno socialista de Felipe González. «Dudo, por mucho que se empeñe, que la conselleria tenga potestad para decirle al titular de un centro que no puede ofertar las plazas autorizadas por concierto si cubre todas las vacantes», apunta.

La portavoz de Escacv subraya que los conciertos de Infantil y Primaria «se renovaron en la Comunitat Valenciana en 2013 por un período de seis años, y por tanto, están vigentes hasta 2019».

Además, recalca, que el artículo 109 de la Ley Orgánica de Mejora de la Educación (Lomce) le obliga a «tener en cuenta la demanda social de la enseñanza concertada a la hora de garantizar la existencia de plazas suficientes».

Desde la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE), sindicato docente mayoritario en la concertada, destacan que la supresión de unidades escolares también afecta a este sector mediante la resolución de modificación de conciertos que conselleria hace cada verano en función de las plazas vacantes, «lo que se traduce en despidos y reducciones de jornada de los profesores».

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