La proposición de ley que dará cobertura a la futura corporación valenciana de medios de comunicación arrancó ayer con el primer trámite de audiencia ciudadana de una ley en las Corts.
El primer ciudadano en participar fue Jose Ignacio Pastor, ocho años vicepresidente del consejo de administración de RTVV, que lo hizo en calidad de presidente de la Asociación Ciudadanía y Comunicación (Acicom).
Aseguró que es «urgente» la puesta en marcha de un sistema de comunicación valenciano que ponga fin «a la vergüenza del tarot las brujas y estafas» de algunos canales de TDT. Como el resto de participantes reclamó protección para el patrimonio audiovisual de la antigua RTVV —unas 250.000 horas de grabación— que en la actualidad digitalizan 23 personas. Emplazó a los políticos a aprovechar la gran ocasión de crear una nueva televisión que sirva de verdad a los intereses de la ciudadanía. «Nos va la vida en ello», dijo. A continuación intervino el experto en derecho laboral Adrián Todolí, que señaló que si un juez entiende que entre la antigua RTVV y la nueva existe «sucesión de empresas», los 1.608 trabajadores despedidos deberían ser readmitidos.
Por su parte, la periodista Amàlia Garrigós, que fue presentadora en Canal 9, denunció en la comisión haber recibido «instrucciones de comisarios políticos» durante su trabajo en RTVV. Pidió que se tenga en cuenta a los trabajadores que han sido profesionales independientes «desde el inicio, han accedido por méritos y hacen bien su trabajo».
