21 de noviembre de 2015
21.11.2015
Inspección

El Consell levanta las alfombras de Vaersa y los conciertos sanitarios y educativos sospechosos

La inspección irá más allá de los asuntos que ya están en el juzgado, como las resonancias o los pagos a colegios concertados

21.11.2015 | 02:03
El Consell levanta las alfombras de Vaersa y los conciertos sanitarios y educativos sospechosos

Las claves

  • VAERSA
    65 todoterreno, pluses a directivos y gasto jurídico
    La compra de coches sin concurso, el pago de servicios jurídicos y los abonos de pluses a 59 directivos están en los tribunales. Se revisará toda la gestión desde 2006.
  • FACTURAS SIN PRESUPUESTO
    La caja 409
    Las facturas sin cobertura en las cuentas y pendientes de encontrar cobertura presupuestaria serán revisadas por el Consell.
  • SANIDAD
    Liquidación anual y pruebas diagnósticas
    Se fiscalizará la liquidación de los conciertos sanitarios entre 2003 y 2012 y la facturación de la UTE Erescanner por resonancias magnéticas y otras pruebas diagnósticas.
  • EDUCACIÓN
    Públicos y concertados
    Se hará «seguimiento de las recomendaciones de los informes de control financiero» en colegios e institutos públicos. Habrá control de los pagos a los concertados para profesores y  las ayudas de comedor.

Justo cuando falta un mes para las elecciones generales, el Consell de izquierdas ha decidido apostar por refrescar la memoria a los ciudadanos sobre un fenómeno que ha marcado la agenda política valenciana al menos en los últimos seis años y que fue decisivo para enterrar el poder del PP: la corrupción. El pleno del Consell acordó ayer revisar con lupa todos los gastos y contratos de aquellos espacios de la Generalitat cuya gestión está siendo investigada judicialmente. Pero las alfombras no sólo se levantarán en aquellos asuntos en tela de juicio, sino también en las áreas y organismos públicos en los que hay «sospechas fundadas» de «desvío [de fondos] o de irregularidades», según explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mònica Oltra.

La también portavoz explicó que anualmente se hacen «controles ordinarios», pero el Consell ha considerado pertinente ahondar en aquellos casos en los que hay indicios de actuaciones no ajustadas a ley. En este programa fiscalizador figuran los «gastos y servicios exteriores» realizados por la empresa pública medioambiental Vaersa entre el 1 de enero de 2006 y el 30 de junio de 2015. Los trabajos se centrarán en los «procedimientos empleados en la gestión económico-financiera de la empresa, así como facturas de la Generalitat».

El juez investiga un presunto amaño en la compra en 2010 de 65 todoterreno por 1,4 millones. Otro de los escándalos de esa firma fue el pago de 470.000 euros por asistencia jurídica externa. La pieza principal de cuantas se investigan tiene que ver con el pago de dos millones de euros a 59 directivos y personal de confianza de Vaersa desde 2006 hasta 2011, según denunció el sindicato CGT. El Consell ha considerado «necesario» retrotraerse en su investigación a comienzos de 2006, más allá de la causa judicial.

Facturas que están en el limbo
El Gobierno valenciano también pretende «verificar mediante las oportunas comprobaciones formales y materiales que las facturas pendientes de aplicar al presupuesto de la Generalitat figuran en el Registro de Facturas de forma correcta, completa y responden a obligaciones reales de pago». Se trata de la caja 409, en la que constan facturas sin cobertura contable pero que están pendientes de ser incorporadas al presupuesto. Una especie de limbo.

También se fiscalizarán las liquidaciones anuales «emitidas como consecuencia de la ejecución de los contratos de Gestión de servicio público mediante concesión de la asistencia sanitaria integral», suscritos entre la Generalitat y los distintos adjudicatarios, entre 2003 y 2012. Se analizarán «las liquidaciones anuales» de los conciertos sanitarios. La facturación de la UTE Erescanner Salud (formada por Eresa, Inscanner, Ribera Salud y Beanaca) en ejecución del concierto para realizar resonancias y otras pruebas diagnósticas también será controlada.

Un juzgado de Valencia imputó a 13 directivos de Eresa por un presunto delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Eresa adujo que se trataba de una «discrepancia de criterios con Hacienda, que se da con mucha frecuencia en las empresas». La educación pública y concertada no será territorio inmune a la inspección del Consell. Así, «se hará un seguimiento de las recomendaciones de los informes de control financiero específico en los casos de los centros públicos no universitarios de titularidad de la Generalitat (de 2012 a 2014)», explicó el Consell. No se librarán del control los conciertos educativo. Tanto las «subvenciones para financiar personal docente de pago delegado», como las «ayudas de comedor (2013 y 2014)». Un juzgado investiga el pago presuntamente irregular de nóminas con cargo a conciertos pese a ser personal no docente.

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