24 de noviembre de 2015
24.11.2015
Tribunales

El presidente del almacén Castor declara al juez que los 300 seísmos fueron casuales

Recaredo del Potro compara la intensidad de los terremotos con la vibración que produce un camión

24.11.2015 | 08:38
El presidente de Escal-UGS, a su salida de los juzgados.

La declaración del presidente de la exconcesionaria de Castor (Escal UGS), Racaredo del Potro, era una de las más esperadas en el proceso de instrucción de la causa de la planta de gas que dirime el juzgado nº 4 de Vinaròs. Del Potro no dejó ayer indiferente a nadie y desvinculó la oleada de 300 seísmos ocurridos en septiembre de 2013 con la actividad de la planta. «Se debieron a una sismicidad natural», una «coincidencia en el tiempo entre los movimientos sísmicos y la inyección de gas», explicó ante el magistrado, según la acusación popular de la asociación Arca Ibérica.

Del Potro cuestionó los informes del Instituto Geológico Minero de España (IGME) que ligaron directamente la actividad de inyección de gas con los seísmos producidos en septiembre 2013. Estos estudios y el clamor de los municipios del norte de Castelló llevaron al Gobierno a cesar su actividad el 26 de octubre de 2013.

A continuación, la adjudicataria abandonó el proyecto a cambio de una indemnización de 1.350 millones. Desde entonces apenas se han registrado terremotos. Para Del Potro fue casual que los seísmos y la inyección coincidieran. Además, destacó que la empresa realizó estudios sísmicos y que la falla localizada en el entorno «no es susceptible de generar riesgo sísmico apreciable debido a su reducido tamaño y a su desplazamiento».

Según Arca Ibérica, en su comparecencia Del Potro afirmó que los técnicos del IGME evaluaron «erróneamente» los datos porque, a su juicio, confundieron el caudal de la inyección con el volumen. Manifestó que «la actividad de la inyección no tuvo ninguna incidencia en la producción de los seísmos», y que ésta «únicamente representaba una milésima parte de la energía liberada» por los terremotos. Sobre las fallas detectadas por el IGME, resaltó que «no hay la más mínima evidencia de que las fallas situadas debajo del almacén sean potencialmente activas».

Asimismo, señaló que la intensidad de los seísmos registrados «era totalmente inapreciable, por lo tanto no generan riesgo». Explicó, añadieron desde Arca Ibérica, que los terremotos comienzan a ser peligrosos a un nivel 6 como mínimo y que los de la zona de Castelló llegaron al 3, que «son insignificantes y sus consecuencias son comparables a las vibraciones que experimenta una vivienda cuando un camión transita por delante de la misma».

Niega cualquier responsabilidad
Del Potro eludió «cualquier tipo de responsabilidad de la empresa», ya que desde el primer momento, dijo, la mercantil «hizo los estudios de sismología requeridos de forma exhaustiva». Afirmó que la empresa invirtió 40 millones en informes geológicos en la zona. El Gobierno los dio por buenos y luego eludió pedir más informes porque pensaba que la zona carecía de riesgo sísmico. La justicia investiga si se cometieron presuntas irregularidades al obviarse el riesgo sísmico.

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