El consejero delegado de la exconcesionaria de Castor (Escal UGS), José Luis Martínez Dalmau, reiteró ayer ante el juez de Vinaròs las declaraciones del día anterior del presidente de la empresa, Recaredo del Potro, y cuestionó el informe del Instituto Geológico y Minero de España que vincula los 3oo seísmos registrados en septiembre de 2013 con la actividad del almacén de gas.
Según fuentes de la acusación popular de Arca Ibérica, el número dos de la empresa criticó el estudio que realizó el IGME en diciembre de 2013 y afirmó «que está plagado de errores e inexactitudes, que la metodología empleada por los técnicos carece de toda base científica» y que «sus conclusiones son erróneas». Martínez subrayó que la empresa encargó otros estudios a organismos internacionales, entre los que citó el Centro de Investigaciones Geológicas de Postdam, para analizar los datos del IGME, y manifestó que estos análisis «evidencian el error de cálculo».
La oleada de terremotos coincidió en el tiempo con la actividad de la planta. Recaredo del Potro sostuvo el lunes que fue una casualidad y calificó la sismicidad de natural. Además, señaló que los seísmos fueron «insignificantes» y los comparó con la vibración «que experimenta una vivienda cuando un camión transita por delante».
