Bronca monumental en el juicio de Fitur. La sesión más tensa desde junio se vivió ayer por la tarde en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El motivo, la negativa del contable de la trama Gürtel, José Luis Izquierdo López, a responder como testigo. Izquierdo no quería echarse piedras sobre su propio tejado. Está imputado en otras piezas separadas del caso Gürtel pendiente de juzgar en la Audiencia Nacional en Madrid. Y tenía claro que cualquier dato que admitiera podría ser utilizado en su contra. Por eso compareció acompañado de su abogado. Y anunció la que iba a ser la tónica de la tarde. «Me acojo a mi derecho a no declarar», aseguró al tribunal. Aunque al estar citado como testigo, estaba obligado a responder a las preguntas que se le formularan sobre Fitur, como le recordó la presidenta del TSJCV y del tribunal, Pilar de la Oliva.
Pero Izquierdo se mostró férreo e impenetrable desde la primera pregunta de la Fiscal Anticorrupción, Ana Cuenca: «¿Dónde trabajaba usted entre 2004 y 2009?» Su abogado respondía por él. «Mi defendido está acusado de asociación ilícita. No contestes, José Luis». «¿Se le requisó a usted un pendrive cuando se registró su domicilio el 6 de febrero de 2009?», asestó la fiscal.
Aspavientos desde el banquillo
Al oir esta pregunta los «cabecillas de la trama Gürtel» se revolvían en sus asientos, negaban con las cabezas y hacían aspavientos a sus letrados desde el banquillo de los acusados. El abogado de Izquierdo volvió a interrumpir el interrogatorio. «Señora, voy a protestar. Entiendo que esa pregunta nada tiene que ver con Fitur. No contestes a esa pregunta, José Luis». El contable de Francisco Correa sólo acabó admitiendo: «Sí, lo recuerdo», cuando se le preguntó si recordaba la incautación del dispositivo USB por la policía.
El «pendrive» es una de las claves de bóveda de la investigación sobre la trama Gürtel, requisado a José Luis Izquierdo durante el registro de su casa. El pequeño dispositivo USB incluía documentos excel sobre la presunta «contabilidad B» de la trama y la relación de pagos a políticos del PP. Los presuntos responsables de la trama intentan anular su validez como prueba, a partir de la sentencia del Supremo que apartó a Baltasar Garzón de la carrera judicial por autorizar las escuchas policiales de conversaciones entre los detenidos y sus abogados, y que impide usar todas las pruebas conseguidas a través de esta decisión declarada ilegal. De ahí la férrea negativa de Izquierdo a reconocer cualquier detalle sobre el «pendrive». Aunque estuviera relacionado con Fitur, como le insistió en sucesivas preguntas la Fiscal Anticorrupción.
Aunque las contínuas interrupciones del letrado, que apeló «al artículo 24.2 de la Constitución» (el derecho a no declarar contra sí mismo), no hizo más que aumentar la tensión en los primeros 35 minutos de interrogatorio. La presidenta de la sala recordó en repetidas ocasiones a Izquierdo que pendía sobre él «el artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal» (resistirse a declarar sobre lo que se le pregunta). El rifirrafe hacía imposible interrogar «sin interrupciones carentes de sentido», lamentó la fiscal, que llegó a pedir «el amparo de la sala». De ahí que De la Oliva decidiera un «receso de diez minutos» que se alargó media hora.
Tras el descanso, el abogado de Izquierdo acabó sentado junto a u defendido, pero sin acceso a micrófono, para que no interrumpiera. Pero el contable siguió impertérrito en sus trece, mientras la fiscal continuaba ametrallándolo a preguntas: «¿Correa y Crespo le daban instrucciones sobre Orange Market? ¿Correa hizo trabajos para Fitur entre 2005 y 2009?». Las preguntas de Anticorrupción se estrellaban contra el muro de silencio levantado por José Luis Izquierdo. «No voy a contestar porque afecta a mi derecho de defensa. Me niego a declarar. No voy a responder a estas cuestiones. Si mi deseo es no contestar, ¿por qué me tengo que someter a lo que ustedes les convenga?», replicaba como en una letanía a la fiscal.
De ahí que el final de su declaración fuera distinto a otros días. «Voy a deducir testimonio al negarse a contestar a las preguntas, por obstrucción a la justicia y falso testimonio porque como testigo está obligado a responder y decir verdad», le advirtió y concluyó la vista Pilar de la Oliva.
