El primer acto masivo de la coalición Compromís-Podemos en Valencia se celebra mañana en el Palau de la Música y servirá para que las bases y cuadros políticos se pongan en modo campaña. Oficialmente se ha programado para presentar candidaturas y líneas programáticas resultantes de la fusión de las propuestas del partido de Pablo Iglesias y de la coalición valencianista. Ayer, los tres primeros de la lista al Congreso (Joan Baldoví, Àngela Ballester y Enric Bataller) desgranaron el esqueleto de su programa de cinco ejes. Entre las medidas destinadas a «erradicar la corrupción» y por unas «instituciones transparentes y participativas» figura la propuesta de «prohibir la contratación con participantes externos a la administración en casos de corrupción».
Una medida que fue concretada por Àngela Ballester, número dos de la lista y miembro de la ejecutiva de Pablo Iglesias. Ballester explicó que aquellas personas o empresas que estén implicadas directamente, imputadas, en casos de corrupción no podrán recibir contratos públicos en tanto no se despeje su situación. Habló de «abrir un paréntesis», esto es, poner en cuarentena a quien esté inmerso en estas causas. Una propuesta que, explicó, formaría parte de todo un conjunto de medidas destinadas a combatir un problema que no es «de manzanas podridas, sino estructural».
De aplicarse esa norma, las constructoras imputadas en la pieza Gürtel sobre la presunta financiación ilegal del PP (las constructoras de obra civil Sedesa, Lubasa, Facsa, Piaf, Enrique Ortiz, Pavimentos del Sureste u Hormigones Martínez) estarían temporalmente inhabilitadas como contratistas públicas.
La normativa
Las sentencias condenatorias a empresas por delitos como el cohecho o el blanqueo de capitales comportan generalmente la pena de prohibición de contrato con las administraciones. Fuentes jurídicas explicaron ayer a este diario que en la normativa de las administraciones se recoge también la sentencia condenatoria como causa que impide contratar, lo mismo que tener deudas con la administración o no estar al corriente de pago con la Seguridad Social. Entre las medidas anticorrupción figura también la «reducción a 50.000 euros del límite mínimo del fraude fiscal punible». El suelo actual del delito fiscal está fijado en 120.000 euros.
La reivindicación de una financiación justa y realizar una auditoría de la deuda conforman el quinto bloque de medidas anunciadas ayer por el cabeza de lista, Joan Baldoví, quien considera básico que una coalición «con vocación valenciana y valencianista» constituya un grupo propio en el Congreso para cambiar el sistema de financiación. El déficit crónico de recursos ha sido clave para que la deuda pública por valenciano se haya disparado de 693 euros per cápita, cuando entró Zaplana, a 8.100, cuando salió Fabra, según explicó Baldoví. Respecto a las inversiones, repasó que en los cinco presupuestos de Rajoy, la Comunitat Valenciana se ha llevado entre el 5 y el 8,5% de las inversiones cuando tiene un peso demográfico del 10,7%.
Compromís-Podemos apuesta por una Agencia Tributaria Valenciana «que recaude y gestione los impuestos que se generen en el País Valenciano para que a la autonomía política le corresponda una autonomía financiera». Baldoví abogó por tener la misma capacidad de legislar y recaudar tributos que vascos y navarros. «Hemos tenido un sistema foral y no nos lo reconocen», apostilló.
Enric Bataller presentó las medidas «por un nuevo modelo productivo», que incluye inversiones estratégicas como completar la red ferroviaria de cercanías, así como la gratuidad de la AP-7.
