El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha visto obligado a arrojar la toalla en tiempo de descuento —con el Gobierno en funciones— ante la imposibilidad de aplicar una de sus leyes más importantes de la legislatura: la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
El departamento que dirige Cristóbal Montoro acaba de remitir un escrito a los ayuntamientos en los que, en esencia, les pide que no hagan caso de la ley y que sigan prestando las competencias que les son impropias y que tenían que ceder a las comunidades autónomas el 31 de diciembre de 2015, según recoge la norma aprobada en 2013.
Los propios alcaldes ya habían avisado de que si se aplicaba a rajatabla esa norma, los ayuntamientos dejarían de atender los servicios sociales, educación o sanidad, que pasarían a prestar las comunidades autónomas, lo que supondría un auténtico caos.
Fuentes municipales señalaron ayer que lo que hace el Gobierno en la práctica es pedir una prórroga ante la imposibilidad de aplicar la ley. Pero la rectificación también supone el reconocimiento explícito a menos de un mes de las elecciones del 20 de diciembre del callejón sin salida en el que se había metido el Ejecutivo en esta cuestión.
En el caso valenciano, el problema era aún mayor porque la altísima deuda de 40.000 millones que arrastra la Generalitat ataba de pies y manos al Consell a la hora de asumir nuevas competencias. De hecho, las transferencias del Estado no permiten en la actualidad ni cubrir el gasto derivado de las que ya tiene asumidas, como Sanidad o Educación.
«Reordenación competencial»
En el escrito, que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha remitido a alcaldes y alcaldesas, y que reproduce Levante-EMV, el número dos del ministro Montoro asegura que en materia de servicios relativos a la atención primaria de la salud, servicios sociales y educación será necesaria una nueva «reordenación competencial», que requiere necesariamente quedar vinculada al sistema de financiación autonómica y local para que sea eficaz.
En ese punto reconoce que la asunción de nuevas competencias por parte de las comunidades autónomas tiene que estar vinculada a un nuevo reparto del dinero.
De ese modo, el Gobierno admite por escrito a los alcaldes que esa ley es imposible de cumplir si no se modifica antes el sistema de financiación de haciendas locales y comunidades autónomas, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy también se ha visto incapaz de abordar en esta legislatura que se agota, pese a la mayoría absoluta con la que el PP ha gobernado estos cuatro años.
Beteta concluye en su escrito que mientras no se produzcan avances en esta cuestión, las competencias a las que alude en su escrito, —denominadas impropias por los ayuntamientos— deberán seguir siendo financiadas por las arcas municipales.
Alcaldes consultados ayer aseguran que la marcha atrás se veía venir prácticamente desde el nacimiento de la ley porque no tenía sentido legislar sin prever un mecanismo de financiación y sostienen que la marcha atrás es el resultado de una falta de regulación que obliga a improvisar continuamente, por lo que el Gobierno ha acabado estampándose contra la realidad.
Las fuentes municipales subrayan que las normas que el Ejecutivo ha puesto en marcha en el ámbito local en esta legislatura han permitido rebajar gastos en muchos ayuntamientos y aligerar cargas e incluso admiten que la ley tenía aspectos interesantes como el cierre de empresas públicas que acumularan deudas dos años seguidos, lo que en muchos casos se ha producido, pero en el caso de la asignación de competencias la norma nacía muerta porque no se clarificaba cómo se iba a financiar.
Con el anuncio de Beteta se cae finalmente una de las partes más polémicas de ley de Racionalización y Sostenibilidad, una de las principales reformas que el Gobierno quería poner en marcha en esta legislatura ya agotada.
