El Consell que preside Ximo Puig tendrá que lidiar con un nuevo frente sindical, esta vez, a cuenta de la devolución de un 25% de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. Unos 2.800 funcionarios, según cálculos de los sindicatos, se han quedado fuera del pago que la Conselleria de Hacienda ordenó en la nómina del mes de noviembre. En concreto, el pasado viernes, día 27, el grueso de los funcionarios de la Generalitat cobró una nómina en la que, además de la cantidad correspondiente al mes, se añade un 25% correspondiente a la paga que eliminó por decreto Rajoy hace tres años. La devolución de esta cantidad „en enero se pagó el primer 25%„ es consecuencia también de la decisión del Gobierno central que, con las elecciones a la vuelta de la esquina, espera reconciliarse con los empleados públicos tras años de recortes.
El Consell estaba obligado a trasladar el acuerdo a sus funcionarios, si bien desde el primer momento se quejó por sus problemas financieros y reclamó al Gobierno de Rajoy que financiara la medida. Finalmente, firmó un un pacto en la Mesa General de la Función Pública con los sindicatos en la que se comprometía a devolver ese 25% antes de acabar el año y el restante 50% en 2016. De cara al exterior, lanzó el mensaje de que afrontaría la nómina reforzada con el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Hacienda cumplió su compromiso el viernes, pero no con todos los empleados públicos. Cientos de ellos no recibieron en su nómina de noviembre la inyección de la extra. Fuentes del departamento que dirige Vicent Soler confirmaron a este diario que efectivamente la devolución de la extra se retrasará a la nómina de diciembre para aquellos funcionarios que en su día fueron a los tribunales para denunciar el descuento ilegal que efectuó Rajoy de la extra.
En concreto, más de 2.800 funcionarios fueron a los tribunales porque en la supresión de la paga se contabilizó ilegalmente un periodo de 44 días. Los jueces dieron la razón a los empleados y el Consell de Fabra se vio obligado a devolver el dinero, que equivalía a un 25%. Quienes tenían sentencia cobraron a finales de 2014 y el resto, ya con acuerdo de Consell, en enero de 2015. Según Hacienda, en este proceso judicial hubo sentencias diferentes que «requieren respuestas individualizadas» y por seguridad jurídica Hacienda está estudiando los casos antes de pagar.
La explicación resulta llamativa ya que el conflicto jurídico se refiere a una primera devolución ya efectuada y el acuerdo de la Mesa General al segundo 25%. De hecho, a la FSP-UGT denunció ayer a través de un correo masivo que el retraso responde a una maniobra de Hacienda, ahogada porque el FLA no llega, que tendrá consecuencias para los afectados: «La conselleria ha manifestado que se abonará en la nómina del mes de diciembre. Los efectos que producirá ya son de todos vosotros conocidos, al coincidir esta con la paga extra del mes de diciembre se incrementará el porcentaje de retención sobre la misma, y de esta manera la cuantía a percibir por este concepto quedará prácticamente absorbida por la retención del IRPF, de esta forma la Generalitat se ahorra el ingreso de un porcentaje de dinero importante», dice el correo. A los que cobraron el primer 25% en diciembre de 2014 ya les pasó.
