Entre sus obligaciones se encuentra la de tener la Vivienda de Protección Oficial (VPO) que adquirieron en su día habitada durante diez años sin posibilidad de alquilarla o de venderla. Sin embargo, entre sus derechos figura una serie de ayudas para la adquisición de la misma, entre las que destaca tener una rebaja en la cuota de la hipoteca en función de los ingresos de cada caso. Esta ayuda supone un descuento en la cuota que oscila entre los 90 y los 400 euros al mes en función de la situación socioeconómica de cada familia. En teoría, la ayuda se concedía durante cinco años, prorrogable otros cinco más. Pero, en la práctica, unas 20.000 familias valencianas „y 300.000 en toda España„ se quedaron sin posibilidad de solicitar la continuidad en la ayuda a sus préstamos hipotecarios desde que, en 2013 y con la llegada de la crisis y los recortes, el Gobierno de Mariano Rajoy decidiera, por ley, eliminar la prórroga de estas ayudas.
Conforme se cumplen los cinco años desde que les reconocieran la subvención, los afectados comprueban cómo la cuota de su hipoteca se incrementa. Ante esta situación «de injusticia social», el grupo parlamentario socialista llevó al Tribunal Constitucional la «disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio» al considerar «inconstitucional» regular la supresión y mantenimiento de ayudas relacionadas con la adquisición y promoción de viviendas.
El Tribunal Constitucional ha tardado dos años en dictar sentencia. Lo hizo el pasado viernes para avalar la decisión del Gobierno, rechazar el recurso de «inconstitucionalidad» y dejar «en la estacada» a unas 20.000 familias valencianas que pagaron precios «desorbitados» por una vivienda en plena burbuja inmobiliaria con la condición de recibir unas «ayudas en los préstamos durante diez años».
«Doble traición»
Por ello, la plataforma de afectados por la supresión de la subsidiación de préstamos VPO „una ayuda que el Ministerio de Fomento negocia directamente con las entidades bancarias„ aseguró ayer que se sienten «doblemente traicionados». «El Gobierno ha dejado de cumplir su parte del contrato, pero nosotros seguimos cumpliendo lo que fijaba el plan de vivienda, asumiendo ahora completamente unas cargas hipotecarias de una época de precios de burbuja y sin poder vender o alquilar en caso de necesidad. Nos han colocado entre la espada y la pared, y sin salida», explicaban ayer los afectados que, eso sí, no piensan quedarse de brazos cruzados.
Es más, desde la plataforma anunciaron que acudirán a la justicia europea mientras confían «en un pronunciamiento favorable del Parlamento Europeo que está investigando esta cuestión en el ámbito de la normativa europea».
Mensaje para las elecciones
La otra posibilidad que les queda para recuperar una ayuda que ha desaparecido es «hacer justicia en las urnas» el próximo 20 de diciembre, en las elecciones generales. «Pedimos a los 300.000 afectados de España y a sus familias, allegados y amigos que cambien esta injusta situación en las próximas elecciones. Que retiren el voto a aquellos que sustraen derechos básicos a los ciudadanos y que lo otorguen a las fuerzas políticas que sí han apoyado la recuperación de las prórrogas de subsidiación».
Por otra parte, la sentencia tampoco ha logrado la unanimidad de los magistrados. El voto particular del magistrado Juan Antonio Xiol Rios señala que la disposición gubernamental vulnera el principio de confianza legítima, una vertiente de la seguridad jurídica, y por tanto, «hubiera debido declararse inconstitucional».
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional sigue al pie de la letra la argumentación del abogado del Estado. En plan de vivienda reza: «La subsidiación se concederá por un período inicial de 5 años, que podrá ser renovado durante otro período de igual duración y por la cuantía que corresponda».
Así, tanto el abogado del Estado como el Tribunal Constitucional „que «está claramente politizado»„ interpretan ese «podrá» como «la facultad o poder para hacer alguna cosa» en lugar de marcarlo como «una mera posibilidad, expectativa, a discreción de lo que disponga el Gobierno. No deja de sorprender que el Tribunal Constitucional ceda ante este enfoque, sin por cierto dedicarle mucho mayor desarrollo argumentativo».
