02 de diciembre de 2015
02.12.2015
Medida

Doce mil familias sin recursos no sufrirán cortes de luz, agua y gas

El Consell destina 5,1 millones a pagar a las empresas suministradoras las facturas y reconexión del servicio

02.12.2015 | 01:30

Que ninguna familia se quede sin luz, agua o gas por no poder pagar la factura. Ese es el objetivo que persigue el Consell al anunciar 5,1 millones de euros de las conselleria de Igualdad, Vivienda y Economía sostenible destinados a combatir la pobreza energética. De esta forma será la Generalitat la que asuma el coste de los recibos „siempre y cuando los afectados cumplan los requisitos y sigan el procedimiento establecido„ gracias a un convenio que el president de la Generalitat, Ximo Puig, firmó ayer con representantes de Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola, en un acto que también contó con la presencia de la consellera de Igualdad, Mònica Oltra y de la de Vivienda, Maria José Salvador.

Los 5,1 millones de euros destinados a combatir la pobreza energética se dividen en dos partidas. Por una parte se destinan 3,7 millones (de la conselleria de Vivienda) para asumir los impagos de las familias con escasos recursos. Este acuerdo beneficiará a unas 12.000 familias, aunque el objetivo es alcanzar las 50.000 que tienen dificultades para asumir los pagos. A este plan pueden acogerse las personas o familias en riesgo de exclusión social «cuyos ingresos sean inferiores a 1,5 IPREM o a 2 veces el IPREM si se convive con personas con discapacidad o gran dependencia». Es decir, las familias no deben superar unos ingresos de 798,7 euros al mes o de 1.065 euros si conviven con discapacitados o dependientes.

Estas ayudas se otorgarán en los casos en los que el corte de suministro se deba a impagos de hasta 75 euros al mes y un máximo de 300 euros por consumidor y año. En el caso de agua potable, los cortes deben ser por facturas de hasta 15 euros al mes y un máximo de 60 euros por consumidor y año. Las familias se benefician de las ayudas que, sin embargo, pagarán de forma directa los ayuntamientos a las empresas comercializadoras.


En cuanto llegue la carta
De esta forma, cuando una familia reciba la carta de aviso de corte de suministro eléctrico debe ir directamente a los servicios sociales de su ayuntamiento. Allí, los técnicos realizarán una valoración para determinar si pueden ser o no beneficiarios de la ayuda, en función de los ingresos y de la cuantía de las facturas que se adeuden.

De ser así, «lo pondrán en conocimiento de las empresas suministradoras y de la Administración autonómica para que se paralice el procedimiento de suspensión del suministro mientras se gestiona el pago de las facturas adeudadas». Además, la empresa suministradora solicitará de modo inmediato el reestablecimiento del suministro. Mientras se gestiona la ayuda, al empresa no volverá a solicitar la suspensión del suministro ni se exigirá el pago de interés alguno.

El ayuntamiento pagará directamente a la empresa el importe total de la deuda y si se ha reestablecido el servicio, los derechos de reconexión. Luego se comunicará el pago de la deuda a la Generalitat que le reembolsará al ayuntamiento la cuantía señalada. Aunque la publicación de la orden por la que se tramitarán las ayudas se prevé para finales de diciembre, los ayuntamientos pueden adherirse a la convocatoria de la misma desde hoy mismo ya que las subvenciones tendrán carácter retroactivo desde el mes de octubre.

La otra partida
Por otra parte, hay otra partida de 1,4 millones para combatir la pobreza energética (de la conselleria de Igualdad) para aquellas familias cuyos ingresos anuales son inferiores a 5.009 euros y que tengan notificada la orden de corte de agua, luz o gas.

Estas ayudas se tramitarán a través de ayuntamientos de más de 20.00 habitantes y serán efectivas a partir del 1 de enero. Además, entre los requisitos se incluye a aquellas familias sin hijos y a las personas mayores que viven solas y que, hasta ahora, quedaban excluidas de este tipo de ayudas. La Diputació de Valencia también ha anunciado 400.000 euros para pueblos de menos de 20.000 habitantes.

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