La directora general de Energía de la Conselleria de Economía, Júlia Company, anunció ayer el inicio del procedimiento de interposición de recurso contra el decreto del Gobierno que regula el autoconsumo eléctrico. Una norma estatal que, entre otras cosas, obliga a pagar por la energía autoconsumida así como un impuesto a los que, además de tener placas para consumo propio, permanezcan enganchados a la red convencional y contribuir así al mantenimiento de los costes del sistema. El sector de las renovables entiende que esta norma pone barreras a un negocio que podría generar un impacto de 250 millones en la Comunitat Valenciana.
El recurso se iniciará con el envío de forma inminente de un requerimiento previo al Ministerio de Industria. Según Company, «el autoconsumo ha de ser fomentado, y con este Real Decreto, el Gobierno está imponiendo una barrera económica injustificada y se está desincentivando estas instalaciones».
Company anunció ayer el recurso contra el ministerio en una reunión en la que se constituyó la Mesa del Autoconsumo con agentes del sector: promotores energéticos, los instaladores y consumidores y usuarios. La administración tiene el objetivo de trabajar conjuntamente en la adopción de medidas para impulsar el autoconsumo en el ámbito autonómico.
El Decreto, de octubre, pone el broche a una legislatura de cambios regulatorios en el sector eléctrico. En este caso, fija un «cargo por la energía autoconsumida», también llamado «peaje de respaldo» o popularmente «impuesto al sol» para la mayor parte de las tipologías de instalaciones. Quedan exentas de este pago las instalaciones conectadas en baja tensión de potencia menor o igual a 10 kW (kilovatios), lo que se podría considerar casi exclusivamente el ámbito doméstico.
El resto de autoconsumidores, principalmente las pyme y el sector servicios, estarán obligados a satisfacer un cargo por la energía autoconsumida.
