El territorio de la Comunitat Valenciana que forma parte de la Demarcación Júcar se encuentra entre las zonas del planeta donde previsiblemente se producirá un aumento de la frecuencia e intensidad de los episodios de precipitación, según el VI Documento Técnico del IPCC. Sin embargo, la rapidez con la que se observan algunas de las consecuencias del cambio climático, no ha provocado, por el momento, una aceleración en el ritmo de ejecución de las intervenciones para defender el territorio y a sus habitantes frente a las riadas y que en algunos casos, especialmente en las obras más costosas, acumulan ya décadas de retraso.
El Ministerio de Medio Ambiente inició en 2010 un proceso de evaluación y gestión del riesgo de inundación que supuso una revisión en profundidad de la «doctrina» sobre inundaciones en consonancia con la Directiva europea 60/2007.
El proceso obligó a una evaluación preliminar del riesgo de inundación, identificando las áreas donde el riesgo es más significativo, a elaborar mapas de peligrosidad y riesgo en las áreas más vulnerables y al establecimiento de Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) específicos de cada una de estas zonas.
Todo este proceso de redefinición de las áreas de riesgo „inconcluso todavía pese a que el PGRI ya fue sometido a exposición pública en los primeros meses de 2014„ y de las posibles medidas de adaptación, ha ido incorporando como necesarias decenas de actuaciones estructurales cuyo coste se eleva a casi 600 millones de euros y que en un porcentaje superior al 90% se arrastran desde su declaración como obras de interés general del Estado desde el Plan Hidrológico Nacional de 2001, mientras que otras obras, como las presas de Montesa o Sellent, tienen su origen en el Plan General de Defensa contra las Avenidas del Júcar de 1985.
Competencia estatal
La adaptación de la citada directiva europea a la legislación española ha establecido un reparto de competencias que deja en manos del Estado la realización de la mayor parte de las obras de infraestructuras, mientras la Generalitat Valenciana asume las actuaciones de tipo preventivo que se han incorporado al Patricova.
Entre estas intervenciones nunca ejecutadas por el Estado, pero necesarias para la reducción del riesgo, según el citado PGRI, se encuentran las presas de laminación de Sellent y Montesa, con un presupuesto aproximado de 30 millones de euros cada una, así como la presa de Villamarchante sobre el río Turia, a la que el documento atribuye un coste de otros 30 millones de euros para «minimizar los riesgos de inundación en la comarca del Camp del Turia y l'Horta».
El paquete más importante de obras, sin embargo, está formado por otras medidas estructurales como encauzamientos, motas, diques, etc, que afectan a cauces y zonas costeras propensas a inundaciones en las que se ha incorporado la posibilidad de que el riesgo pueda llegar por el mar como consecuencia del aumento de nivel atribuido al cambio climático.
En conjunto son 23 actuaciones, recogidas en el gráfico que acompaña a esta información y que suman alrededor de 400 millones de euros.
Destaca en este apartado las intervenciones pendientes del Plan General de Inundaciones del Júcar, presupuestadas con 104 millones de euros y que deberían ir acompañadas, además, de las ya citadas presas de Sellent y Montesa.
También están pendientes, aunque su incorporaciones a los planes contra riadas es muy posterior, las actuaciones en la Marina Alta.
Por último, existe otro paquete de medidas, con menor presupuesto, destinadas a eliminar barreras transversales (antiguas presas y diques en desuso), regeneración de la cubierta vegetal en algunas cuencas hidrográficas y la recuperación del Estany del Cullera y del Quadro de Santiago en Benicàssim.
