Los 14 alcaldes y ex alcaldes imputados en la trama de asesorías que investiga desde 2013 el equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia admiten en sus declaraciones como denunciados que contrataron con las empresas implicadas en la trama sin mediar concursos ni contratos. El dinero movilizado por esta presunta trama corrupta, sólo entre 2009 y 2011, supera los 1,7 millones, según los movimientos bancarios analizados por la Policía Judicial de la Guardia Civil.
En el vértice de esta supuesta trama de corrupción la investigación judicial sitúa al ex secretario municipal de Canet d´En Berenguer, Jose Antonio Sancho Sempere, y el ex interventor del Consorcio de Museos, Rafael Parra Mateo, que crearon un entramado de sociedades para asesorar a pequeños ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.
Ambos acusados «y sus sociedades han realizado no sólo facturaciones cuantiosas a diferentes ayuntamientos en concepto de asesoramiento e informes», sino que las empresas de ambos funcionarios se facturaban entre ellas. La investigación judicial también permitió detectar como «punto común de todas las sociedades y empresas, que carecen de trabajadores y existe una coincidencia de domicilios entre ellas».
Entre las sociedades implicadas figura la Academia Valenciana de Juristas, una organización empresarial que comparte domicilio con uno de los «cabecillas», Jose Antonio Sancho Sempere. A pesar de su condición de entidad «sin ánimo de lucro», facturó 364.391 euros a cinco ayuntamientos (Benimodo, Canet d´En Berenguer, Cheste, Pobla de Farnals y Real de Gandia), además del Consorcio de Museos y la empresa Egevasa, entre 2007 y 2011, según la investigación de la Guardia Civil.
«Receptora» de pagos
La Policía Judicial también relaciona con Sancho Sempere a las mercantiles Millena III Milenio (una especie de «receptora» de pagos del resto de empresas); Asesores Profesionales (que compartía domicilio con el ex secretario de Canet y facturó por informes a los ayuntamientos de Canet y la Pobla de Farnals); Jose Antonio Sancho Abogado SL (que facturó 151.947 euros a los ayuntamientos de Cheste, Sant Antonio de Benagéber, la Pobla de Farnals y Ràfol d´Almunia); y la Asociación Pangea Arco Mediterráneo, supuestamente destinada a ayudar a inmigrantes y refugiados (actividad por la que cobró 186.739 euros en subvenciones de la Generalitat, el Ministerio de Trabajo y los Ayuntamientos de Roquetas de Mar y Alicante), entre 2010 y 2011 a pesar de que su sede en la calle Navellos es, actualmente, un piso en alquiler. A través de esta asociación cobró 9.050 euros la ex alcaldesa de la Pobla de Farnals, Natividad García Castellar, cuyo trato de favor dio origen a la investigación que ha permitido destapar esta presunta trama de corrupción.
Por último, el otro cabecilla de la trama, Rafael Parra Mateu, dirigía junto a sus hijas y esposa la mercantil Asesores Económicos Públicos SL que facturó 967.379 euros a los ayuntamientos de Real de Gandia, Godelleta, Benisanó, la Pobla de Farnals, Benirredrà, l´Atzúvia, Canet, San Antonio de Benagéber, la Vall de Laguar, Ador, Castellnovo y Vallada.
