05 de diciembre de 2015
05.12.2015
Tribunales

Imputan a la presidenta de la CHJ por prevaricación y malversación en Vaersa

Instrucción 15 también denuncia a la jefa de recursos humanos y al letrado que facturó 2,3 millones

05.12.2015 | 00:18
Imputan a la presidenta de la CHJ por prevaricación y malversación en Vaersa

La actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, declarará como imputada por prevaricación y malversación ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que investiga las presuntas irregularidades cometidas en Vaersa (Valenciana de aprovechamiento energético de residuos SA), según un auto distribuido ayer por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) .

Ureña fue consejera delegada y vicepresidenta de Vaersa entre 2007 y 2011, además de secretaria autonómica de Medio Ambiente. En este periodo los responsables de Vaersa pagaron 1,8 millones de euros en productividad a 59 directivos y personal de confianza de la empresa pública, según la denuncia que presentó el sindicato CGT, adelantada por Levante-EMV el 15 de septiembre de 2012.

La investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha permitido confirmar que los directivos de Vaersa se repartieron medio millón de euros anuales en concepto de productividad. El problema es que Vaersa no contaba con el informe preceptivo de la Conselleria de Hacienda ni la autorización del Consell para realizar este gasto, según denunció la CGT y ha confirmado la investigación judicial. Un año después de autoconcederse estos dividendos, los responsables de Vaersa iniciaron el primero de los dos ERE (expediente de regulación de empleo) que dejaron en la calle a 446 trabajadores.

Respecto a la productividad ilegal pagada, el juzgado y la Fiscalía Anticorrupción han podido confirmar que Vaersa «repartió en 2007, con cargo a los fondos públicos 360.552,85 euros»; una cifra que volvió a repetirse en 2008 (407.582,38 euros), en 2009 (477.726,22 euros), en 2010 (501.706,89 euros) y en 2011 105.624,14 euros). En ninguno de los cinco ejercicios Vaersa contó con la autorización de la Conselleria de Hacienda, tal como confirmó este departamento al juzgado. Incluso el director general de Presupuestos y Gastos advirtió a Vaersa durante tres años seguidos (2009, 2010 y 2011) que «no existía autorización del Consell para abonarla y que no constaba que se hubiera emitido informe preceptivo sobre la existencia de crédito presupuestario para el abono de la productividad, habiendo sido, sin embargo, abonada».

Los dos directores generales imputados por las irregularidades en Vaersa, Felipe Espinosa y Enrique Simó se vieron directamente beneficiados por estos pagos irregulares. Espinosa se embolsó 58.338,14 euros por su «productividad» entre 2009 y 2011. A la jueza Silvia Vivó incluso le llama la atención un detalle: «Es significativo que 28.932,97 euros se le adjudicaran [a Espinosa] cuando cesó en el cargo». Enrique Simó, que lo sustituyó al frente de la dirección de Vaersa cobró entre 2007 y 2011 un total de 34.631,43 euros por el mismo concepto.

Precisamente ha sido Espinosa quien ha dejado a los pies de los caballos a la actual presidenta de la CHJ. Durante su declaración como imputado reveló que Maria Ángeles Ureña, como «consejera delegada de Vaersa era la persona que verbalmente autorizaba el abono de la productividad. Si ella no lo hubiese autorizado no se habría pagado». Espinosa también admitió que tanto él como Ureña eran «perfectos conocedores de que el Consell no había autorizado su abono».

De esta manera, según la jueza «queda claro que los controles administrativos impuestos no funcionaron a sabiendas de los responsables» de Vaersa. Y considera que «María Ángeles Ureña, en calidad de consejera delegada, autorizó el abono de cantidades importantes en concepto de productividad al margen de la legislación vigente, con conciencia plena de ello y con perjuicio para las arcas públicas». Por ello Ureña será citada a declarar como imputada por prevaricación y malversación de fondos públicos.

La misma jueza también ha decidido imputar a la ex jefa de recursos humanos de Vaersa, Ana Bayarri, como la persona que «controlaba los pagos al letrado» Vicente Bru, que también ha sido denunciado, ambos por malversación de caudales públicos . Estas dos nuevas imputaciones se producen en la investigación de la pieza separada número uno que investiga el pago de 2,3 millones por parte de Vaersa al letrado por «trabajos genéricos, sin que consten los mismos y sin ningún tipo de contrato administrativo» con la empresa pública. El letrado asesoró a Vaersa desde 1995 hasta 2012. Aunque los 2,3 millones de euros sólo se refieren al periodo entre 2008 y 2011. Un asesoramiento que se producía «a pesar de la existencia de un convenio de asistencia jurídica gratuita suscrito en 2006 entre Vaersa y la Abogacía de la Generalitat».

Durante los años investigados fueron presidentes de la empresa pública Vaersa los consellers Esteban González Pons (2007), José Ramón García Antón (2007-2009), Juan Cotino (2009-2011) e Isabel Bonig (2011).

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