El nuevo Consejo de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana ya tiene sobre la mesa las primeras 24 quejas ciudadanas contra instituciones públicas por ocultación de información. Y ello pese a que el organismo, de carácter independiente, aún no se ha reunido.
Una de las primeras reclamaciones que se han presentado es la de un ciudadano que pide amparo al consejo porque ha solicitado a la Universidad Miguel Hernández de Elx el acceso a la tesis doctoral del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y se lo han denegado.
El ciudadano entiende que las tesis doctorales son de carácter público y que la universidad la esconde, por lo que recurre al nuevo Consejo de la Transparencia, que tendrá que estudiar la queja e investigar porqué el trabajo sobre modelos electorales realizado por el expresidente Camps no está a disposición de investigadores o profesores que se interesen por estas cuestiones. La tesis doctoral de Camps tiene prácticamente 700 folios y en ella plantea una propuesta para la reforma del actual sistema electoral en la que se incorporarían una serie de distritos de entre 70.000 y 90.000 habitantes.
Sin embargo, es un documento secreto. De hecho, no se ha podido consultar la tesis en los tres años que han pasado desde que el exjefe del Consell la defendió en aquella universidad. El trabajo, que dirigió el actual presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), Vicente Garrido Mayol, logró la calificación «sobresaliente cum laude».
«Contra grupos de presión»
El propio Camps presentó el pasado 19 de noviembre su investigación, de la que informó en exclusiva Levante-EMV y en la que el exjefe del Consell prevenía contra lobbys y caciques.
Ese día, Camps aseguró que su modelo de diputados por distritos blindaba contra los grupos de presión y el excesivo poder de los partidos y defendió, en su reaparición pública, la elección directa del presidente del Gobierno. Mientras, el consejo de la Transparencia, cuyos miembros y presidente, Ricardo García Macho, aprobaron las Corts la pasada semana, tiene entre sus funciones resolver las reclamaciones contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter previo a su impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Entre las primeras entidades señaladas por las quejas sobre denegación de información pública aparecen: Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, el Hospital General Universitario para el que se reclama una auditoría, o diversas quejas por denegación de documentación contra el Ayuntamiento de Benidorm, el del Verger, el de l'Alfàs del Pi o el de Xixona.
