09 de diciembre de 2015
09.12.2015
Pacto Estatal

El Senado y urbanismo, motivo de discrepancia en el Pacto contra la Corrupción

Los partidos valencianos apoyan el 92% el acuerdo, pero alguno de ellos opta por suprimir la cámara o retirar las competencias urbanísticas a los municipios

09.12.2015 | 16:05
Isabel Bonig, Alicia Andújar y Toni Subiela, tras la firma del Pacto Estatal contra la Corrupción.

La mayoría de partidos políticos con representación en la Comunitat Valenciana apoyan el 92 % de las propuestas del Pacto Estatal contra la Corrupción y por la Regeneración Cívica, pero discrepan en medidas como la supresión del Senado o retirar las competencias urbanísticas a los municipios.

Se trata de una iniciativa de la sociedad civil contra la corrupción, impulsada por la Fundación por la Justicia, en la que han trabajado una treintena de profesionales de prestigio en diferentes ámbitos, sin ningún vínculo político, junto a numerosos particulares, y que ha concluido con la elaboración de un documento de 150 propuestas.

Según ha informado hoy el presidente de la Fundación por la Justicia, Jose María Tomás Tío, las propuestas fueron presentadas a todos los partidos políticos para conocer su posicionamiento, sin posibilidad de debate, y la mayoría, un 92 %, han sido asumidas por todas las formaciones políticas.

El Pacto Estatal contra la Corrupción ha sido firmado hoy en el Paraninfo del edificio de La Nau, y a él se han adherido los siete partidos políticos con representación en la Comunitat (Compromís, Podemos, UPyD, EU, PSPV-PSOE, PP y Ciudadanos), así como representantes de entidades públicas y privadas y particulares.

El pacto, ha señalado Tomás Tío, es la reacción de la sociedad civil frente al "hartazgo" por el problema de la corrupción, que llevó a la Fundación a realizar una petición "de ayuda" a quienes tuvieran alguna propuesta, con la esperanza de que esta situación "se podía arreglar".

Así, ha explicado, surgió un primer documento con 99 propuestas, elaboradas por 28 cualificados profesionales en distintos ámbitos del conocimiento y experiencia en la Administración, que fue abierto a nuevas aportaciones de la sociedad civil, y en 35 días recibieron otras 251 propuestas de particulares.

Un total de 15 grupos de trabajo perfilaron durante tres meses las iniciativas que han concluido en los 150 puntos incluidos en el Pacto Estatal contra la Corrupción y por la Regeneración Cívica, presentado hoy en Valencia, sede de la Fundación por la Justicia, y un Observatorio que velará por su cumplimiento.

El documento propone, entre otras medidas, la eliminación de la libre designación de cargos administrativos y aplicar la Ley de la Función Pública "hasta las últimas consecuencias"; suprimir las fundaciones, sociedades mixtas y consorcios financiados por el erario público; controlar los fondos reservados; y criterios "objetivos y homogéneos" para fijar los sueldos de los cargos públicos.

El pacto contempla también "adelgazar la cúpula política" en cada institución; que ningún político pueda ocupar, durante al menos 4 años desde su cese, cargos directivos en empresas del ámbito en el que ostentó el cargo; suprimir el Senado (solo aceptada por UPyD, EU y Ciudadanos) y las Diputaciones provinciales; "prohibir el transfuguismo", y limitar a 8 años la permanencia en el mismo cargo.

Propone asimismo cambiar la Ley Electoral para implantar un sistema de "listas abiertas" (al que se oponen EU, PSPV y Ciudadanos); elecciones "primarias abiertas y obligatorias"; prohibir que los políticos se ocupen de órganos reguladores o sean directivos de cajas de ahorro; y una Ley para proteger a los funcionarios que revelen actividades ilegales del gobierno.

En materia de Justicia, pide que la elección de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo general del Poder Judicial, los tribunales Supremo y Constitucional, presidentes del TSJ y de Audiencias provinciales sea mediante concurso de méritos reglado, "profesionales competentes sin ningún vínculo político", ha señalado Tomás Tío.

Uno de los puntos más polémicos que incluye el Pacto es la retirada de las competencias urbanísticas a los ayuntamientos "como principal foco de corrupción política", que solo han apoyado Podemos y UPyD, así como la eliminación del Senado, que solo han apoyado UPyD, EU y Ciudadanos, e implantar las listas abiertas, a la que se oponen EU, PSPV y Ciudadanos.

El único partido que ha asumido todas las propuestas ha sido UPyD, seguido de Podemos (149 del total), Compromís (148); Esquerra Unida (143), PSPV (131), PP (125) y Ciudadanos (122).

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