10 de diciembre de 2015
10.12.2015

Sanidad descarta prorrogar el contrato de las ambulancias que investiga Europa

El PP adjudicó el servicio a la UTE Ambulevante SL por cuatro años con posibilidad de ampliarlo a 10

10.12.2015 | 04:15

Los responsables de la Conselleria de Sanidad que dirige Carmen Montón no tienen intención de agotar los tiempos del contrato del servicio de ambulancias firmado por el PP y que está siendo investigado en Europa por vulnerar, presuntamente, los principios de adjudicación de contratos.

El conocido como «súperconcurso» que aglutinó todos los servicios de transporte sanitario urgente y ordinario y que salió, en principio, por un precio de adjudicación de 700 millones de euros marcaba un tiempo de cuatro años con posibilidad de prórroga en otros dos lotes de cuatro y dos años hasta llegar a los 10 años iniciales. Ahora, desde la administración autonómica tienen claro que esos plazos no se cumplirán y que, al llegar a 2017 y se cumpla la primera parte del acuerdo no habrá «intención» al menos por ahora de acudir a las ampliaciones temporales del acuerdo.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) Ambulevante SL se hizo con la adjudicación oficial del servicio en diciembre de 2013 por un importe global de 235.781.179,76 euros para los primeros cuatro años. De esta forma, cada una de las anualidades de 2014 a 2017 se especificaba un coste del servicio de 58.945.294,94 euros.

Investigación europea

Esta será una de las primeras medidas tomadas desde el Consell con respecto al polémico servicio más allá de otras que se puedan tomar, sobre todo, ligadas a cómo evolucione la investigación administrativa que sobre el acuerdo con Ambulevante SL se está llevando a cabo en la Comisión Europea.

Por ahora, y según la portavoz de Industria y Mercado Interior de la Comisión Europea, Lucía Caudet, se están manteniendo «contactos a nivel administrativo» al respecto de esta contratación tras la queja recibida en septiembre de 2013 relativa al procedimiento establecido por el gobierno del PP, los tiempos que marcaba el concurso para concurrir y, sobre todo, los criterios necesarios para optar a la adjudicación del servicio, entre ellos la necesidad de estar en posesión del 70 % del total de vehículos integrados en el contrato. La queja se refería, además a la necesidad de que los vehículos tuvieran un certificado técnico sanitario válido.

De esta forma, la Comisión Europea, en una primera valoración de la queja, resolvió que el contrato rompía los principios de igualdad, trato no discriminatorio y transparencia que la directiva europea establece para los operadores económicos ya que, entre otros aspectos, no se dio tiempo material a otras empresas que no estaban realizando ya el servicio (y que se integraron después en una UTE para optar al contrato) a realizar la inversión necesaria para cumplir con los criterios.

De hecho, la Comisión Europea entiende que la autoridad contratante, en este caso la Conselleria de Sanidad, debía haber actuado de otra manera, ampliando los tiempos establecidos en el contrato cosa que no se hizo pese a la importancia de los servicios incluidos en el contrato y a su duración.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad han hecho público que esperan mantener una reunión con los responsables de la investigación europea a principios de año aunque sin fecha concreta todavía.

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