El Consell presentó ayer un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que pide que confirme «en todos sus extremos» el decreto ley autonómico que regula el acceso universal a la atención sanitaria, impugnado por el Gobierno, al entender que no tiene «ningún vicio de inconstitucionalidad».
La Generalitat ya solicitó el mes pasado al Constitucional que levantara la suspensión de la norma, cuyo fin es dar atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular, que fue aprobada en julio y que el Ejecutivo central recurrió al entender que suponía una extralimitación competencial.
El Consell presentó ayer un nuevo recurso para pedir que se desestime la pretensión de inconstitucionalidad del decreto ley, en el que argumenta que el Constitucional «reconoce la posibilidad de que las comunidades autónomas mejoren el mínimo estatal prestacional en materia de sanidad».
Una norma «sin reproches»
El recurso considera que no se puede hacer «ningún reproche» a la forma ni al fondo de la norma, ya que pretendía paliar una situación «de urgente necesidad», atendiendo al cumplimiento del principio de universalización de la atención sanitaria y de garantía de igualdad en su acceso.
También argumenta que se estableció en el marco de la doctrina constitucional „relativa a que las autonomías pueden dictar normas en materia de sanidad dirigidas a una mejora en su ámbito territorial„, y que no interfiere en las competencias del Estado.
