Optó, de forma sistemática, por quedarse el dinero de las retenciones por IRPF de las nóminas de los funcionarios y no pagar a la Agencia Tributaria. Así actuó el Consell de Alberto Fabra cuando en 2012 la Generalitat estuvo a punto de incurrir en «default» o cese de pagos y necesitaba financiación. La excepción se convirtió norma durante años y la consecuencia es una deuda de 402 millones de euros „derivada de los impagos por las retenciones de IRPF de 2014 y 2015 de los funcionarios de la Generalitat Valenciana„ que el nuevo Consell adeuda a la AEAT y que, aunque está dispuesto a pagar, no consigue poner al día. De hecho, desde junio la deuda solo se ha logrado reducir en 75,3 millones de euros.
Así lo aseguró ayer el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, tras explicar, punto por punto, una deuda contraída con la Agencia Tributaria que es, a su entender, «un pufo más» en la gestión de los anteriores responsables del PP que han dejado un panorama plagado de «cráteres económicos».
Tal como avanzó Levante-EMV, a 31 de diciembre de 2014 el Consell de Fabra mantenía impagados a la AEAT 951 millones en concepto de IRPF de los funcionarios, a los que se sumaban otros 167 de las cuotas de la Seguridad Social de los mismos trabajadores. En total, más de 1.100 millones pendientes de abono. El que fuera conseller de Hacienda del Ejecutivo de Fabra, Juan Carlos Moragues, había negociado en 2013 con el ministerio de Hacienda un aplazamiento de estos pagos y un borrador, de forma que se acordó que cada mes el ministerio se quedaría una mensualidad de las atrasadas (más de 7,2 millones) para ir reduciendo la deuda, al tiempo que se aplazaban las mensualidades correspondientes de ese mismo año. En abril de 2013, cuando se presenta ese borrador de pagos, la deuda del Consell con la AEAT era de 399 millones.
Sin embargo, en el último trimestre de 2014 el Consell de Fabra deja de pagar lo acordado en el plan de pagos. Entonces, el ministerio inicia un expediente de extinción de la deuda, al tiempo que declara «líquida, vencida y exigible» toda la suma pendiente.
Pero ahí no queda la cosa. En marzo de 2015, de forma unilateral, el ministerio decidió «quedarse» con 700 millones de los anticipos con cargo a la financiación de meses posteriores para cobrarse, de esta manera, parte de la deuda.
En el disparadero
La Generalitat se quedó sin liquidez, lo que explica que el Consell de Fabra consumiera el 80% del presupuesto en seis meses. Por ello, la deuda actual es de 402 millones, es decir, la diferencia entre los 1.100 euros que se adeudaban por impagos del IRPF y los 700 que el ministerio le «retiró» a la Generalitat Valenciana para saldar parte de la deuda.
El conseller Vicent Soler, censuró ayer las gestiones de unos y otros. Al ejecutivo de Fabra por el «pufo» generado, y al Gobierno central por «ser un gobierno antivalenciano al ser capaz de retirar 700 millones a la Generalitat de forma unilateral, colocándola en el disparadero y asfixiando a la Administración y a la propia economía valenciana». Y es que esta decisión generó «un gravísimo problema de liquidez que se ha arrastrado estos meses, hasta el adicional FLA que se cobra hoy».
