La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) aprobó ayer por unanimidad un informe en el que expone su postura contraria sobre la propuesta de transformar uno de los veintiún juzgados de Instrucción de Valencia en uno de lo Penal.
El TSJCV considera «muy negativo» el impacto que esta medida tendría, ya que los órganos de Instrucción investigan, en este momento, más de 38 «macrocausas» y asuntos de corrupción política de «enorme complejidad» que hace que algunos de ellos hayan tenido que ser reforzados.
En ese documento, elaborado a petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se informa favorablemente al establecimiento en Valencia de la sede de los juzgados de lo Penal números 15, 17 y 18, desplazados en las localidades de Alzira, Paterna y Torrent.
Aunque el informe del TSJCV condiciona el cambio de sede de los tres juzgados penales desplazados en la provincia a la creación, con carácter previo, de un Servicio Común de Ejecución Penal. Un servicio que se considera «imprescindible» para «poder llevar a efecto los traslados de los juzgados».
El cambio de sede obliga a que los cuatro juzgados penales de ejecutorias de Valencia (que hacen cumplir las sentencias que dictan los once penales de enjuiciamiento) recibirían también los asuntos de Alzira, Paterna y Torrente, una media de 673 causas más al año. Una cantidad «inasumible» para el TSJCV que «llevaría a la paralización de la ejecución penal». El TSJCV propone además un plan de refuerzo para reducir la pendencia de los Juzgados de lo Penal 15, 17 y 18 antes de ejecutar su traslado a la capital.
