Ecologistas en Acción ha iniciado una campaña alertando a partidos políticos y usuarios del gas natural de que a partir del próximo uno de enero las facturas por este servicio comenzarán a incluir el pago de las indemnizaciones a la promotora Escal por el fallido proyecto del almacén Castor, cuya construcción frente a las costas de Vinarós fue paralizada después de provocar centenares de pequeños terremotos.
A punto de iniciarse los cobros, diversas organizaciones sociales, entre ellas ecologistas en acción han reiterado «la enorme estafa» que a su juicio representa el proyecto y exigen que se congele el pago de la deuda generada por una indemnización «que no debería haberse aprobado nunca».
En una campaña que comenzó ayer y se intensificará en los próximos días, las organizaciones lanzan el mensaje de que el «Gordo» ya le ha tocado a los promotores mientras que para los usuarios„algunos afectados por la pobreza energética„ «les tocan las facturas».
Los promotores de esta campaña calculan que la cantidad total que asumiría la ciudadanía podría ascender a más de 4.700 millones de euros, a pagar durante 30 años.
«A esta cantidad hay que añadir también los costes de mantenimiento, operación y administración en los que incurra Enagas, encargada de la hibernación indefinida de las instalaciones. Durante este tiempo, la deuda seguirá creciendo, y seguirá aplicándose a la factura del gas», sostienen.
Las organizaciones alertan que la principal afección será «para la ciudadanía de a pie», especialmente aquellas familias en situación de pobreza energética„una problemática que ya sufre el 17% de la población„ y que tienen actualmente problemas para pagar sus facturas.
El principal argumento de la campaña es la existencia de varios recursos y denuncias, tanto en la vía administrativa como penal, contra la indemnización aprobada „ y pagada„ por el gobierno.
Escal UGS, propiedad en un 67 % de ACS, renunció a la concesión del almacenamiento, lo que, de acuerdo a los términos de la concesión, le da derecho a una indemnización por valor de la inversión , que se cifra en 1.350 millones de euros.
«Ante tal escenario de presunta ilegalidad y manifiesta ilegitimidad e injusticia, las organizaciones sociales, entre ellas Ecologistas en Acción, hacen un llamamiento para el no-pago de la deuda del proyecto, así como para que las instalaciones sean desmanteladas, puesto que ya se han demostrado como peligrosas e incluso innecesarias», aseguran en un comunicado».
