En plena polémica por la implantación del expediente digital en los tribunales de la Comunidad, la Conselleria de Justicia está renovando las fotocopiadores e impresoras de todos los juzgados. Los técnicos instalarán 2.800 aparatos en todos los partidos judiciales de la Comunidad Valenciana, trabajos que acabarán el próximo 28 de diciembre.
Los nuevos equipos han cogido de sorpresa al personal judicial ya que el lunes de esta semana la Conselleria anunció oficialmente que el expediente digital no se va a poder aplicarse el próximo 1 de enero, tal como prevén las recientes reformas de las leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, que obliga a que todos los escritos que se presenten ante los juzgados se realicen de manera telemática. Los sistemas informáticos de los juzgados no están preparados todavía y el Consell asegura que hasta junio no estará todo listo. El segundo motivo de la sorpresa es que los aparatos reemplazados están prácticamente nuevos y no había necesidad de esta inversión, cuando hay otras carencias más urgente.
Problemas con la renovación
Desde la Conselleria de Justicia se incidió en que la renovación de equipos obedece al contrato que tienen con la adjudicataria de los sistemas informáticos de los juzgados. Es un sistema de leasing por el que la empresa facilita equipos totalmente nuevos a los juzgados y asume todo el gasto, mientras que cobra a la Administración entre 0.03 y 0.05 céntimos por copia realizada. Desde el Consell se recalcó que se trata de centros de trabajo en los que las copias en papel serán necesarias.
El retraso en la aplicación del expediente electrónico ha causado inquietud entre el personal judicial. Todos los plazos se han establecido basándose en que todos los escritos se van a presentar de manera electrónica, mientras que abogados y procuradores no van a tener un sitio en el que presentar sus escritos. «Nosotros hemos realizado cursos y preparado nuestros equipos, pero no vamos a poder aplicar la ley aunque queramos», aseguró el decano del Colegio de Procuradores de Alicante, Enrique de la Cruz. El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, considera que se debería haber hecho un mayor esfuerzo de coordinación para evitar una Justicia de dos velocidades entre unas comunidades autónomas y otras.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia ha manifestado de manera inmediata que la aplicación de la Ley no es algo opcional y recordó que le ha concedido un crédito cercano a los 900.000 euros para poder realizar todas las inversiones necesarias para adaptarse a Lexnet, la herramienta digital del Gobierno.
Desde la Conselleria se aseguró que la ley se va a cumplir, sólo que necesitan un periodo para poder adaptarse debido al retraso en las inversiones en todos los años de gobierno del PP al frente de la Conselleria. «Necesitamos unos servidores potentes o el sistema acabaría colapsado», explicaron. Uno de los principales problemas es la existencia de programas distintos para los juzgados en cada comunidad autónoma y con problemas de compatibilidad.
