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Medida

La amenaza yihadista obliga a crear un grupo de la Guardia Civil en la nuclear

Las nuevas «unidades de respuesta» vigilarán desde dentro las zonas «sensibles» de la Central Nuclear de Cofrentes - El coste de todos los agentes se financia con un tasa que pagará Iberdrola

La amenaza yihadista obliga a crear un grupo de la Guardia Civil en la nuclear

La amenaza terrorista de origen yihadista y la consideración de las centrales nucleares como infraestructuras «críticas» han llevado a la Presidencia del Gobierno a modificar el real decreto sobre protección física de estas instalaciones, que a partir de ahora deberán contar con una «unidad de respuesta» permanente formada por agentes de la Guardia Civil.

La composición y número de agentes asignados a esta unidad en la Central Nuclear de Cofrentes dependerá del contenido de la «amenaza base de diseño» que deben elaboran conjuntamente los responsables de la central, el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio del Interior.

Según el real decreto aprobado por el Gobierno, el ministerio del Interior tiene ahora un plazo máximo de cuatro años para el despliegue y la implantación de las Unidades de Respuesta en todas las centrales nucleares españolas y en el Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nucleares (ATC) que se plena instalar en de Villar de Cañas (Cuenca).

La amenaza base de diseño que debe fijar las características del grupo de agentes asignados a cada instalación nuclear, se define, según el real decreto que regula la seguridad de las centrales nucleares, como «los atributos y características de posibles adversarios internos, adversarios externos o de ambos en colusión, que podrían intentar la retirada no autorizada de material nuclear o de fuentes radioactivas o actos de sabotaje, que se toman como base para diseñar y evaluar los sistemas de protección física».

Las compañías eléctricas venían reclamando la intervención del Gobierno, tanto por el cariz de algunas amenazas desde el atentado del 11-S en Nueva York como por episodios como el asalto del grupo ecologista Greenpeace a Cofrentes el 15 de febrero de 2011, donde el comportamiento de los agentes acreditó la falta de criterios claros para hacer frente a este tipo de acciones.

De todas formas, la presencia permanente de la Guardia Civil en el interior de la central nuclear de Cofrentes no exime a la empresa de mantener un equipo de seguridad privada que deberá coordinarse con los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.

61.000 euros por agente

Iberdrola, como titular de la central, tendrá también que asumir el coste de la Unidad de Respuesta. Una tasa regula este nuevo servicio con importes que pueden llegar a unos 61.000 euros por agente.

El real decreto que revisa la seguridad de las centrales nucleares incluye también las recomendaciones de la Organización Internacional de la Salud sobre el refuerzo en materia de ciberseguridad, información y telecomunicaciones.

El contenido mínimo de estas medidas de seguridad, basados en la amenaza base de diseño, incluye las barreras físicas y controles de acceso, así como la seguridad privada.

La modificación del real decreto establece además que todo lo relativo a las medidas de protección física del material y las instalaciones nucleares pasa a ser considerado «información que afecta a la seguridad nacional» lo que impone restricciones a su divulgación en el contexto de «la ley de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno».

Además, se crea un registro manejado por el ministerio del Interior en el que deberán figurar todas las personas «con acceso material a áreas de la instalación o a informaciones sensibles desde el punto de vista de la seguridad física», contempla la nota.

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