El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Rafael Bonmatí, alaba los incrementos de los baremos en la dotación de los letrados de turno de oficio, aprobado por la Conselleria de Justicia, que van a permitir recuperar a los letrados el poder adquisitivo de 2012. El presupuesto de la conselleria para sufragar el coste de la Justicia gratuita en la Comunitat Valenciana crecerá en 2016 hasta los 24,6 millones de euros, 4,6 millones más que lo presupuestado para este año por el mismo concepto. Bonmatí destaca, además, que la titular de Justicia, Gabriela Bravo, se ha comprometido a destinar 500.000 euros más al turno de oficio para aplicar «con carácter retroactivo al 1 de octubre de 2015, este incremento de tarifas», tras una inyección de 800.000 euros del Ministerio de Justicia que se destinarán a Fiscalía y justicia gratuita.

Aunque, a pesar del esfuerzo, el decano de los abogados pide dar «un paso más en 2016» para «trabajar en un nuevo decreto» que recoja «actuaciones no contempladas en el actual baremo, porque las excluyó el PP o son consecuencia de las novedades legislativas» (como las faltas que ahora se consideran delitos leves). En el caso de las asistencias eliminadas por el anterior Consell se encuentra la orientación jurídica penitenciaria. Un servicio que el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) «decidió asumir porque la asistencia a los ciudadanos menos favorecidos no podía quedar fuera y decidimos asumirla con nuestros propios medios, porque no podíamos dejar desamparados a los internos» lo que supone un coste de «casi 40.000 euros al año» al ICAV. El decano también defiende que deberían incluirse en la asistencia jurídica gratuita los procedimientos de discapacidad.

Aunque la eterna asignatura pendiente de la justicia gratuita es, según Rafael Bonmatí, «la inclusión del arbitraje y la mediación como solución alternativa de conflictos entre personas». Las cifras que ofrece el decano permiten aclarar conceptos. «Mediante la mediación podríamos resolver por 300 euros los asuntos que valen 3.000 o 4.000 euros si llegan al juzgado», cita como ejemplo Bonmatí. El arbitraje y la mediación son «ideales para asuntos de propiedad horizontal o de familia. El litigio es el fracaso del sistema, porque debería ser el último recurso».

El ICAV ofrece este servicio, gratuito en la primera sesión, pero después tiene un coste que ha de pagar el usuario. La mediación y el arbitraje no están incluidos en la asistencia jurídica gratuita, a pesar de que permitirían ahorrar dinero a las arcas públicas. «La conselleria no está por la labor, porque es un servicio que ya les sale gratis. Hay falta de voluntad política. Pero yo confío que con el nuevo trato y la nueva voluntad, manifestada por el nuevo Consell, caminemos hacia los umbrales de la dignidad», explica el decano de los abogados.

También habría que hacer pedagogía de la mediación «porque no hay demanda social, no hay mentalidad de llegar a acuerdos», lamenta Bonmatí. Una costumbre que se podría imponer «por ley, mediante una nueva normativa de asistencia jurídica gratuita que impusiera la mediación en el régimen de visitas o elección de colegios de hijos durante los divorcios o para las herencias familiares», a juicio de Bonmatí. «Es cuestión de voluntad», concluye.