27 de diciembre de 2015
27.12.2015
Justicia

El decano de los jueces de Valencia dice que salvan la falta de medios con "inventos"

Pedro Viguer advierte de que "modificar el término de imputado a investigado no va a cambiar las cosas"

27.12.2015 | 16:33

El decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, ha advertido de que el cambio del término imputado a investigado recogido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que entró en vigor el 6 de diciembre, "no va a cambiar las cosas porque no tiene ninguna operatividad práctica en el trabajo del día a día de los juzgados. Significa lo mismo a efectos legales".

Viguer, reelegido por tercer mandato decano de los jueces de Valencia con una amplia mayoría de apoyos, se ha pronunciado así en una entrevista concedida a Europa Press preguntado por los aspectos positivos y negativos de la reforma de la Lecrim.

Uno de los puntos que recoge esta normativa es que se sustituye el término imputado por el de investigado en la fase de instrucción. Preguntado a Viguer por las consecuencias de esta modificación, ha dicho: "No por cambiar la terminología van a cambiar las cosas".

Así, ha destacado que este cambio "no tiene ninguna operatividad práctica en el trabajo del día a día de los juzgados", al tiempo que ha insistido en que "significa lo mismo a efectos legales. Es cambiar la terminología y ya está, pero poco afecta al trabajo judicial". Preguntado entonces por qué se ha introducido esta modificación, ha respondido: "Eso habría que preguntárselo al ministro".

Respecto a otro de los puntos controvertidos de la reforma de la normativa, el relativo al acortamiento de los plazos de instrucción, Viguer ha afirmado que este aspecto es "muy perjudicial". Así, ha destacado que el hecho de que la ley diga que el procedimiento tiene que acabar en seis meses "no significa que el procedimiento tenga que terminar en seis meses". "Simplemente porque la ley cambie y diga que van a terminar las investigaciones en seis meses... ¿qué pasa? ¿que el problema éramos los jueces?", se ha preguntado.

Esta modificación puede ser también a su juicio "perjudicial" para la investigación porque "los tiempos de los procedimientos penales no dependen del juez, sino de si por ejemplo se ha enviado una comisión rogatoria al extranjero o de si se ha pedido un informe pericial o una prueba de ADN que retrasa la causa".

"Todos los jueces decanos de España consideramos que esta reforma no tiene ningún sentido", ha lamentado, al tiempo que se ha preguntado: "¿De todo lo que hay pendiente por hacer en justicia y de todas las reformas que se podían haber adoptado, ésta es precisamente la reforma?".

Aforamientos e indultos
Frente a la reforma, Viguer ha aludido a otras propuestas ya formuladas en anteriores ocasiones por jueces decanos que no han sido acogidas y que mejorarían el funcionamiento judicial. Se ha referido a limitar los aforamientos que perjudican "muchísimo" los procedimientos; o a establecer algún tipo de límite en los indultos, como el hecho de que el informe del tribunal sentenciador sea vinculante.

Así mismo, los jueces reclaman --tal y como ha recordado-- que se cree un cuerpo de peritos contables que auxilien a los jueces; que se originen juzgados o tribunales especializados en la lucha contra la corrupción por ejemplo a nivel provincial o autonómico; o racionalizar los recursos durante la fase de instrucción porque "no todo puede ser recurrible", ha dicho. Ante todo ello, ha insistido en que simplemente centrarse en limitar los tiempos de instrucción es "puro voluntarismo".

A esta reforma se suma el hecho, ha lamentado, de que las normas legales aprobadas, como por ejemplo el Estatuto de la Víctima, no van a conllevar ningún tipo de inversión ni de gasto, tal y como ha expuesto el Gobierno. Entonces, se ha preguntado: "¿Cómo se va a modernizar la Administración de Justicia si no se invierte absolutamente nada?".

Viguer ha recordado que actualmente se dedica el 1% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la Administración de Justicia, un total de 3.500 millones de euros, "cifra absolutamente ridícula". Por ello, ha lamentado que en justicia "hacemos como el Lazarillo de Tormes, agudizar el ingenio e intentar, con lo que tenemos, trabajar un poco mejor".

Inventos
Entre otros "inventos" de los jueces de Valencia para mejorar el funcionamiento de la justicia, Viguer ha nombrado la cámara de Gesell, un espacio conformado por dos habitaciones divididas por un vidrio especial que permite ver desde una de las habitaciones lo que sucede en la otra, sin ser observado.

También ha aludido a la creación de la Oficina de Presentaciones, que ha detectado todos los años 600 personas requisitoriadas; el Servicio de Ruedas de Reconocimiento; o el protocolo de actuación firmado con el Hospital La Fe para agilizar la tramitación de autorizaciones para la extracción y el trasplante de órganos de donantes vivos. "Estas son iniciativas propias porque no tenemos recursos y agudizamos el ingenio", ha reiterado.

Preguntado por si piensa que puede mejorar la situación de la justicia y las inversiones, Viguer ha indicado que actualmente hay sobre la mesa un debate sobre la situación de la justicia y éste "tiene que llevar a corto plazo a una apuesta de verdad por la Administración de Justicia". "Soy optimista por naturaleza", ha recalcado.

En general, ha señalado que "hay cierto cansancio entre los jueces por esta situación, porque el Poder Judicial no dispone de recursos propios y somos económico-dependientes". Así, ha puntualizado que el Poder Judicial "funcionará bien o mal en función de los medios que le de el Poder Ejecutivo y Legislativo, pero nunca ha habido en España una apuesta seria por un incremento de presupuestos en la Administración de Justicia". Al respecto, precisamente la pasada semana las asociaciones judiciales hicieron un comunicado conjunto en el que protestaron por la situación de la justicia y criticaron que los partidos políticos se olvidaran de este sector en sus programas electorales.

Viguer, interpelado por si confía en la buena predisposición de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha afirmado que desde Decanato están en contacto con ella: "Tenemos una relación muy fluida y voy a estar expectante y necesito ver lo que se hace durante unos meses".

Por último, preguntado por si cree necesario cambiar la Ley de Violencia de Género ante el incremento de casos para adaptarla a las nuevas realidades sociales, el decano de los jueces ha señalado que "no es un tema de funcionamiento de juzgados ni procesal, sino educacional", ha puntualizado.

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