El grupo socialista en las Corts denunció ayer que el anterior Consell dejó un total de 13.201 peticiones de Renta Garantizada de Ciudadanía sin resolver, acumuladas desde el año 2008. Al respecto, la diputada socialista y portavoz de Bienestar Social, Concha Andrés, criticó que este hecho es «más lamentable si cabe» porque se trata de ayudas de emergencia «de una cantidad mínima a la que las familias recurren cuando ya han agotado todas sus prestaciones». En este sentido, consideró «inhumano» que «el anterior Gobierno del PP en la Comunitat Valenciana fuera capaz de dejar 13.050 de estas peticiones sin propuesta, lo que significa que se metieron en un cajón y ni siquiera se valoraron, mientras el resto (151) estaban pendientes de resolución». Asimismo,señaló que a partir de 2012 se produjo una modificación en los criterios de adjudicación de estas ayudas, lo que supuso la reducción de muchas de las rentas.

Ante estas acusaciones, el coordinador de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en las Corts Valencianas, José Juan Zaplana, afirmó que el Consell ha dejado «en el aire» 39 millones de euros de la partida de Renta Garantizada de Ciudadanía, y exigió que el Consell explique «cómo lo va a resolver y cuál va a ser el mecanismo de concesión de estas ayudas».

Zaplana señaló que durante la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat para 2016 ya advirtió de que la partida «incluía su reparto como libre concurrencia», cuando «se trata de una ayuda para la que hay que cumplir unos requisitos y por tanto debería haberse consignado como concesión directa para quienes los cumplen», ya que «para eso hay evaluadores».