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Una asignación de personal de confianza sin cobertura legal

El PP sostiene que el decreto y la ley de función pública no permiten a los secretarios autonómicos tener eventuales

La desvinculación del requisito de titulación con la nomina no es la única irregularidad que los populares ven en el decreto de eventuales y en la consiguiente política de nombramientos del bipartito. Son pegas de menor repercusión política, pero que ponen al descubierto las lagunas de un decreto sobre el que se hicieron numerosos borradores. La norma lleva la firma de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que tiene asignada el área de la Función Pública. También está firmado por el presidente del Consell, Ximo Puig. El objetivo de la nueva regulación, según figura en la norma, era limitar el número de asesores.

En concreto, se puso el tope de 74 eventuales frente a los 99 heredados de la etapa Fabra. Se fijó una tipología de puestos para los miembros del Consell (directores/as de gabinete, asesores de prensa, de asuntos paralmentarios de asuntos generales) y para el presidente, que además de las tipologías citadas, podría cubrir con eventuales los puestos de conductor y secretario. Para el PP, el decreto vincula los asesores al presidente y los consellers, por lo que, en principio, este personal no podría tener asignadas funciones diarias a los secretarios autonómicos, algo que en la práctica ocurre. De hecho, en la nota de prensa emitada en su día para informar del decreto, se estableció un reparto, según el cual, a cada conseller le correspondían tres eventuales y se asignará otro más a los secretarios autonómicos. Para el exconseller de Gobernación podría darse un caso de fraude de ley y volvió a preguntarse que pasará si los tribunales les dan la razón. «Tendrán que devolver las retribuciones al erario público», subrayó el diputado.

Por otro lado, Santamaría recuerda que la sentencia anuló en su día los puestos de director de gabinete, asesora de asuntos generales del mismo y secretaría del conseller al considerar que sus funciones no fueron suficientemente definidas, lo que provocó que se excedieran en su ejercicio. El decreto recurrido deja claro que el personal eventual «no podrá ejercer otras funciones que las que impliquen una relación de especial confianza y asesoramiento».

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