«Se presume, salvo prueba en contrario, que la actividad de la Generalitat continuará por tiempo indefinido». La reflexión pertenece al Síndic de Comptes y está incluida en el informe sobre la fiscalización de la gestión de la Generalitat de 2014 justo después de haber certificado la situación de quiebra de la Administración. El panorama es tal que la Generalitat estaría abocada a bajar la persiana si fuera una empresa privada. Ni vendiendo todos sus activos saldaría todas sus deudas: le quedaría por pagar la mitad: más de 20.000 millones. Esta es una de las conclusiones más dramáticas a las que llega el Síndic en el informe entregado ayer a las Corts tras bucear en las cuentas públicas. Sí, la Generalitat seguirá abierta, pero sus nuevos gestores tendrán que transitar por un tortuoso camino plagado de deudas y facturas por pagar. De ahí que el órgano fiscalizador recomiende que las próximas memorias incluyan «planes viables de reequilibrio financiero».

Desde el punto de vista del balance, «se observa» un «grave desequilibrio» en el patrimonio neto a 31 de diciembre de 2014. Así, los fondos propios (patrimonio neto) negativos pasan de 17.793 a 20.875 millones como consecuencia de los resultados negativos. El pasivo (acreedores a lago y corto plazo) asciende a 41.708 millones, «que prácticamente duplica el total del activo», alerta el Síndic.

Sólo mejora el fondo de maniobra (el déficit de liquidez con el que se encontraría el Consell si tuviera que hacer frente a todos sus pagos a corto plazo) que pasa de un importe negativo de 14.507 millones a otro de 10.941millones. Con todo, el dato, subraya el Síndic, «pone de manifiesto una posición delicada en la liquidez y solvencia a corto plazo de la Generalitat».

Ahora bien, la agónica radiografía de la situación patrimonial de la Generalitat empeora si se le añaden las salvedades detectadas por el Síndic. El punto de partida es que «no existe un inventario completo» sobre el inmovilizado, lo que impide al auditor «verificar la razonabilidad» de los saldos que ascienden a 18.610 millones. Además, el registro en la contabilidad de los colegios realizado por Ciegsa «no es adecuado» y los equipamientos están infravalorados en 4,5 millones, mientras que los 118 millones por el fallido en el aval a la Sociedad de Garantía Recíproca fueron contabilizados como un activo cuando deberían reflejarse como pérdida. Las cuentas, además, no recogen la estimación de 148,5 millones en intereses de demora y mantienen como pendientes de cobro 132 millones por el impuesto a los bancos anulado por los tribunales.

Junto a las discrepancias contables, el informe de 2014, último ejercicio completo del Consell de Fabra, evidencia que la austeridad en el gasto fue menor del pregonado. Como ya hizo en 2013, el Síndic determina el «gasto real», un calculo basado en la «periodificación adecuada» de los gastos sanitarios. La conclusión es un «repunte» en el gasto que alcanzó los 14.156 millones frente a los 10.441 reconocidos. Es decir, un resultado negativo de 3.715 millones, lo que implica que el déficit de ese año (2,4% según el Estado) en realidad fue del 3,7%, un 1,3% superior y casi cuatro veces más de lo permitido.

La auditoría da la razón al exconseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues en que en 2014 no hubo gasto oculto. Ahora bien, sí facturas en el cajón legal, es decir, gasto sin cobertura presupuestaria. En total, 2.589 millones: 1.291,8 de la cuenta 409, mayoritariamente, gasto sanitario y ayudas a la vivienda; y 1.298, de la cuenta 411.