30 de diciembre de 2015
30.12.2015

Los sindicatos replican al Consell que la ley vincula las retribuciones de los asesores a su nivel de titulación

La FSP-UGT carga contra Mònica Oltra: «Con cargo a la administración no queremos analfabetos»

30.12.2015 | 04:15

El decreto para el nombramiento de asesores que elimina el requisito de titulación para ser personal de confianza del presidente y los consellers no sólo le traerá problemas al Gobierno de Ximo Puig por la vía del PP, que lo ha recurrido a los tribunales. Tampoco a los sindicatos FSP-UGT, Comisiones Obreras e Intersindical les acaba de convencer. Las tres organizaciones sindicales recordaron ayer al Ejecutivo que una ley superior, la del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) recogido en la ley valenciana de función pública, establece una vinculación entre lo que cobran los eventuales y su titulación, de tal manera que, a pesar del decreto, el personal de confianza no podrá cobrar como alto funcionario si no acredita tener estudios superiores.

Con todo, hay discrepancia entre los sindicatos a la hora de encajar el cambio normativo del bipartito. La más dura fue la FSP-UGT, sobre todo, a raíz de la defensa de la iniciativa que hizo el pasado lunes la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra. La consellera alegó que con esta norma se ajustaba a una sentencia del TSJ de la Comunitat Valenciana y mantuvo que es innecesario que un asesor tenga titulación para ejercer sus funciones. Estas palabras generaron ayer revuelo en el sector funcionarial. El responsable de autonómicas del sindicato, Gonzalo Fernández, se preguntó si al final lo que van a sobrar son los asesores. «Para asesorar están los técnicos que tienen titulación y han pasado oposición, servidores neutrales», indicó, al tiempo que planteó a los actuales gestores que «quien quiera otro tipo de asesores que los pague el partido». «Con cargo a la administración no queremos analfabetos», añadió. Fernández recordó a Oltra y al presidente que, al margen de sus gustos, existe una ley que vincula salarios y estudios.

Fernández recordó que la UGT recurrió hace años el nombramiento de quien fue chofer del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, por ser contratado en un cargo para el que carecía de titulación y se preguntó si este es el modelo que quiere seguir el tripartito.

Por su parte, tanto Vicent Mauri (Intersindical) como Juan Cruz (Comisiones Obreras) admitieron que el decreto tiene alguna laguna, pero evitaron debatir sobre si ven necesario o no que un asesor tenga titulación. De hecho, apuntaron, en sintonía con Oltra, que no siempre los estudios acreditan la valía para estos puestos que, subrayaron, son de confianza. Eso sí, ambos sindicatos tienen claro la ley vincula salario y titulación para cobrar de la Administración.

Desde Intersindical, sindicato que en su día ganó el recurso en el TSJCV contra el Consell de Camps, avaló que el nuevo decreto se ajusta a la sentencia porque clafirifica la tipología de asesores y aplaudió que desaparezca la figura para los conductores.

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