La Conselleria de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz ha elaborado un protocolo de actuación del Ejecutivo para «mejorar la transparencia» en sus relaciones con las Corts que, de aplicarse, pondrá las cosas muy difíciles a quienes en el Consell quieran dar largas al Parlamento. El documento, que todavía está en fase de borrador, recoge toda una serie de obligaciones para los responsables de las conselleries que, entre otras cuestiones, no podrán excusar sin más su comparencia ante las Corts o usar triquiñuelas para eludir sus respuestas a la oposición.
La ausencia de consellers o incluso del propio Ximo Puig a las sesiones de control o el intento de escudarse en sus altos cargos ya comienza a ser motivo de queja para la oposición. El PP sufre en carnes las reticencias de algunas conselleries a remitirles documentación e incluso han acudido a los tribunales para exigirla.
Para un Consell sustentado por partidos como Compromís y el propio PSPV que hicieron de la opacidad su caballo de batalla, no parece que poner pegas a la oposición o acudir a las clásicas vías de escape sea de recibo. Quizás por ello, Transparencia ha decidido poner negro sobre blanco las líneas rojas del Consell a la hora de someterse al control de las Corts. La propuesta será llevada al pleno del Consell posterior a las vacaciones navideñas.
El protocolo está dividido en tres grandes apartados. El primero de ellos tiene que ver con las iniciativas legislativas. La conselleria plantea limitar al máximo la figura del decreto-ley, ya que restringe al extremo el debate parlamentario. «Se limitará a aquellos supuestos excepcionales en que razones estrictas de extraordinaria y urgente necesidad lo recomienden», reza el texto.
Al mismo tiempo, «se evitará» la tramitación de proyectos de ley en las Corts por lectura única, un procedimiento que impide la presentación de enmiendas parciales. Por otro lado, el protocolo deja claro que la disconformidad del Consell respecto a una proposición de ley no impedirá su tramitación. El criterio, además, deberá justificarse.
Mayor enjundia tiene el segundo apartado del protocolo en el que el Consell se compromete a «evitar cualquier práctica que, directa o indirectamente, le permita evadirse de la evaluación y control de su actuación por parte de las Corts». Con esta premisa, se deja claro que «la planificación de la agenda de los miembros del Consell y de los altos cargos se realizará priorizando sus obligaciones parlamentarias». Tendrá que haber coordinación de las agendas de los consellers con la Mesa y la Junta de Síndics con el fin de «evitar que las comparecencias en el pleno o en comisiones coincidan con otros compromisos, viajes o actividades».
En el caso de que sea «absolutamente imprescindible» aplazar la comparencia se solicitará «un escrito suficientemente motivado». Además, los consellers deberán evitar escudarse en su secretario autonómico cuando tenga que dar explicaciones. Este asunto, no obstante, está siendo objeto de negociación con Presidencia. En principio, Alcaraz era partidario de prohibir que cuando la oposición pidiera la comparecencia de un conseller, se maniobrara para enviar al número dos. Al final, la exigencia se suavizará.
Además, el documento elaborado por Transparencia establece una serie de criterios a la hora de atender las solicitudes de la oposición, ya sea vía oral o vía pregunta escrita. Se establece un guía de acción para evitar prácticas dilatorias para las respuestas. Por ejemplo, si la iniciativa no va dirigida a la conselleria adecuada, será el mismo Consell el que tenga que derivarla a la instancia adecuada a fin de evitar, como hacía el PP cuando gobernaba, que los diputados tengan que plantear de nuevo la propuesta. Se pide también un trato correcto propio de la cortesía parlamentaria.
El Consell, de aprobar este acuerdo, se obliga a facilitar «con la máxima diligencia y detalle posible» la documentación requerida en soporte papel o informático. Por otro lado, se insta a las conselleries a que utilicen vías telemáticas y la firma electrónica para facilitar la faena de los diputados.
Si el diputado o diputada tiene que acudir a dependencias de la Administración para consultar o retirar documentación «se pondrá a su disposición todos los medios personales y materiales posibles para facilitar su tarea». En todo caso, se plantea que la citación del parlamentario (algo habitual en la anterior legislatura) se realice solo cuando «sea estrictamente imprescindible». En cada periodo de sesiones se hará un informe sobre la rendición de cuentas.
