04 de enero de 2016
04.01.2016
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El Consell niega al PP el informe en el que Puig apoya el recurso por la financiación

Bravo asegura que es un documento de trabajo que entregó en mano y no puede enviar una copia

04.01.2016 | 04:15
El Consell niega al PP el informe en el que Puig apoya el recurso por la financiación

El Consell acaba de denegar al PP el informe elaborado por la Conselleria de Justicia a petición del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para apoyar el recurso de inconstitucionalidad que la Generalitat presentará a los presupuestos del Estado para 2016. La interposición de ese recurso, un compromiso de Puig, está prevista para este mes de enero.

Sin embargo, el PP no ha podido acceder al documento solicitado. La titular del departamento, Gabriela Bravo, ha comunicado al diputado popular Luis Santamaría que ese informe es un documento inicial «de trabajo», elaborado a petición del presidente de la Generalitat, que le fue entregado a Puig «en mano» y sin oficio de remisión, por lo que no puede entregarle una copia al PP.

Ese documento de trabajo está siendo utilizado para la elaboración del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Presupuestos del Estado para 2016, por lo que Bravo anuncia que en el momento en que se interponga el recurso podrá facilitarle copia a Santamaría.

El documento, elaborado por la exvicepresidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), considera que existe base legal suficiente para reclamar en los juzgados una financiación que garantice una cobertura mínima de los servicios básicos, sanidad, educación y atención social, en condiciones de igualdad, tal como fija la ley orgánica de financiación de las comunidades (Lofca) y una vez agotada sin éxito la vía política. El propio Puig anunció en campaña electoral que la Generalitat recurriría ante el Tribunal Constitucional los presupuestos de 2016 y también acudiría al contencioso-administrativo para que se garantice la igualdad de los valencianos con el resto de ciudadanos españoles. El Gobierno valenciano entiende que existe un incumplimiento de la ley de financiación de las comunidades autónomas, la Lofca.

Bravo defiende que lo deseable es evitar la judicialización de las cuestiones políticas, pero cree que la Generalitat no tiene más opción que acudir a la Justicia para defender sus derechos ante la «deslealtad, el ninguneo y los cinco meses sin respuesta del Gobierno», según aseguró recientemente en las Corts. Bravo cree que el recurso es viable porque existe una argumentación jurídica sólida.

Sin embargo, el Constitucional siempre ha rechazado estos recursos por falta de financiación.

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