La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas gestionará ayudas del Fondo Social Europeo por valor de 28,9 millones de euros que se destinarán a programas de inclusión socio-laboral y de lucha contra la pobreza a través de ONG y ayuntamientos, que serán los encargados de desarrollar estas iniciativas.
Según la directora general de Inclusión Social, Helena Ferrando, estas ayudas, que forman parte de los 177 millones de euros que ha recibido la Comunitat Valenciana dentro del programa operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020, se han logrado gracias al actual Consell, aunque ha precisado que «la mala gestión y el despilfarro» del antiguo gobierno casi lleva a perderlas.
Los 177 millones de euros que se recibirán en siete años del Fondo Social Europeo se destinarán a reforzar las políticas sociales a través de proyectos cofinanciados al 50%, y dirigidos al fomento del empleo sostenible; la inclusión social y la lucha contra la pobreza; y la inversión en educación y formación profesional.
Ferrando asegurado que en estos seis primeros meses de gobierno la obtención de estas ayudas ha sido un prioridad e indica que se prevé que alrededor de 33.000 personas en exclusión social puedan beneficiarse de estos programas.
Entre ONG y ayuntamientos
La conselleria distribuirá estas ayudas en dos líneas: una primera destinada a ONG, con un presupuesto anual de un millón de euros para 20 entidades, que recibirán 50.000 euros cada una, y otros 3,5 millones de euros anuales que se distribuirán entre 27 ayuntamientos.
La conselleria ha comenzado, tras la aprobación de estas ayudas por parte de la UE, a elaborar las dos órdenes que regularán la concesión de subvenciones a entidades privadas y ayuntamientos, y que se publicarán dentro del primer semestre de este año.
En el caso de entidades privadas, las subvenciones servirán para la inserción laboral de personas vulnerables, que incluirá una beca de 250 euros para los participantes, como medida para incentivar su compromiso de lograr un trabajo.
Las ayudas para los municipios de 10.000 a 40.000 habitantes contarán con un presupuesto anual, entre 2016 y 2020, de 3,5 millones, lo que permitirá conceder una ayuda de 150.000 euros a un total de 27 municipios para la puesta en marcha de un plan de inclusión social. Los ayuntamientos que accedan a estas ayudas deberán destinar parte de estos fondos a tres nuevas contrataciones para estas tareas, que deberán ser orientadores laborales y prospectores sociales.
