Los ayuntamientos y entidades locales como diputaciones y mancomunidades gastaron 245 millones de euros no previstos en sus presupuestos durante el ejercicio de 2013, según un informe elaborado por la Sindicatura de Comptes a partir de datos facilitados por los entes locales, secretarios e interventores de ayuntamientos.
Un gasto que traspasa la frontera de la ilegalidad ya que, como advierte la Sindicatura de Comptes, «la Ley Reguladora de las Haciendas Locales sanciona con la nulidad de pleno derecho algunos acuerdos, resoluciones y actos administrativos que supongan adquirir compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos». Y que los gestores municipales realizan a pesar de contar con informes en contra de los garantes de la legalidad local, los interventores, secretarios y tesoreros municipales, a quienes la Sindicatura de Comptes reconoce el árido trabajo de «Pepito Grillo» que se ven obligados a realizar. «El ejercicio de la función interventora en la administración local se caracteriza por su singularidad y debilidad, en relación contra otras administraciones públicas que cuentan con una intervención general en la que apoyarse y no dependen de forma tan evidente de los órganos fiscalizados (alcaldes y equipos de gobierno)».
168 incidencias
Porque los interventores hacen su trabajo. Pero que los políticos municipales hagan caso es otro cantar. De las 409 entidades locales que facilitaron información a la Sindicatura de Comptes, un total de 137 comunicaron la existencia de 3.456 informes de reparos de la Intervención, por gastos no previstos. A los que se añaden las «168 incidencias en informes de fiscalización posterior que afectan a gastos e ingresos por cuantía superior a 3.000 euros o que suponen perjuicio económico».
De igual manera, la Sindicatura también ha contabilizado «578 expedientes resueltos por los órganos de gobierno, principalmente por la Presidencia-Alcaldía, en contra del informe de la Secretaría y referidos a las materias de contratación administrativa y gastos de personal».
La solución a estos desmanes suele ser el reconocimiento extrajudicial de créditos, adoptado por 185 entidades locales a través de 802 expedientes. «Un procedimiento de convalidación que los gestores no deben considerar como un proceso normal y ordinario».
