La Generalitat gana uno de los variados pulsos que mantiene con el Ministerio de Hacienda. El Tribunal Supremo acaba de dar la razón al Consell, en un litigio que se arrastraba desde 2011, y evita que las arcas públicas valencianas tengan que desembolsar 55,8 millones de euros al Estado por ayudas europeas mal justificadas en los años noventa.

El origen de la demanda se remonta a los 571 millones de euros recibidos por la Comunitat Valenciana en el marco del Programa Operativo Comunitat Valenciana Objetivo 1 de Fondos Feder (Fondos Europeos de Desarrollo Regional) concedidos entre 1994 y 1999. Unas subvenciones que se justificaron en los años siguientes y que parecían correctamente acreditadas en 2003.

Sin embargo, la Comisión Europea redujo las ayudas otorgadas al Gobierno de España, por decisión adoptada el 28 de enero de 2010, en 115,6 millones de euros tras auditar 38 proyectos en los que encontró «una elevada frecuencia y errores detectados» en la justificación del uso adecuado de las ayudas recibidas. Un hecho que, para la Comisión Europea, «muestra que los sistemas de gestión y control aplicados por las autoridades españolas al Programa Operativo no han funcionado eficazmente, lo que ha provocado un elevado riesgo de que se hayan declarado a la Comisión cantidades importantes de gastos no exigibles (...) Esto provoca un elevado riesgo de sobredeclaración de gastos o de gastos no elegibles a la Comisión, lo que implica un riesgo financiero para el presupuesto de la Unión».

Varios recursos de alzada

A partir de esta resolución la maquinaria estatal se puso en marcha y el Gobierno reclamó a la Generalitat la devolución de 55,8 millones, el 12 de julio de 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno y Elena Salgado como titular de Economía y Hacienda. La Generalitat presentó varios recursos de alzada, que fueron desestimados por el ministerio, por lo que presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue desestimado en sentencia del 13 de febrero de 2013 y obligaba a la Generalitat a devolver los 55,8 millones de ayudas mal justificadas.

El Consell decidió entonces presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el que, entre otros argumentos, alegaba «vulneración del principio de lealtad institucional» y la prescripción del derecho a reclamar las ayudas, por el tiempo transcurrido, entre otros argumentos (finalmente desestimados).

El Abogado del Estado, en representación del Gobierno ya dirigido por Mariano Rajoy y Cristobal Montoro en Hacienda, se opuso y solicitó al Supremo que desestimara el recurso. Sin embargo, litigaba a su vez con la Comisión Europea para recuperar los 115,6 millones de euros devueltos por las ayudas mal justificadas (en un recurso que perdió ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea(TJUE) el 26 de febrero de 2013, pero que el Gobierno recurrió en casación ante el mismo tribunal). El ejecutivo central logró que el TJUE le diera la razón y una sentencia del 24 de junio de 2015 anulaba la resolución de la Comisión que obligaba a España a devolver los fondos mal justificados.

El Gobierno, sin embargo, seguía reclamando a la C. Valenciana los 55,8 millones de euros de las ayudas mal justificadas y eludió presentar la sentencia del TJUE ante el Supremo. Ha tenido que ser la Generalitat Valenciana la que aportara ante el alto tribunal la sentencia europea que anulaba la orden de la Comisión que obligaba a devolver las ayudas recibidas entre 1994 y 1999. Y éste ha sido el argumento de peso que ha decantado la balanza a favor de la Generalitat y ha motivado el fallo del Supremo, del 15 de diciembre que anula la orden del Ministerio de Hacienda de 2011 que obligaba al Consell a devolver los 55,8 millones.