El Gobierno aprobó ayer la revisión de los planes hidrológicos para el período 2016-2021 con el objetivo reconocido de «acompasar» el ritmo de planificación de España al de los países europeos mediante normativas que según la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, cuentan con un consenso «amplísimo» que la ministra cifró «en un 80 %» en el ámbito nacional.
Los planes aprobados afectan al Cantábrico occidental y el oriental, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Guadalquivir, Miño-Sil, Segura, Júcar, Ceuta y Melilla, así como a las cuencas internas de Galicia costa, Cuencas Mediterráneas andaluzas, Guadalete-Barbate y ríos Tinto, Odiel y Piedras.
Las prisas por aprobar estos planes están relacionadas con la amenaza de sanciones europeas que ya se materializaron en el anterior ciclo hidrológico por no disponer de los planes en los plazos marcados por las directivas europeas.
Lejos del «amplísimo» consenso al que aludía ayer la ministra en su comparecencia ante los medios de comunicación, el plan del Júcar salió adelante con el rechazo del 40% de los votantes, entre los que se encontraban los representantes de los gobiernos regionales de la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, que votaron en contra en un órgano„ el Consejo del Agua de la Cuenca del Júcar„ en el que el el Gobierno central cuenta con 20 votos.
El plan, que mas tarde fue respaldado también en el Consejo Nacional del Agua, donde están representadas todas las confederaciones hidrográficas de España, obtuvo en el ámbito del Júcar 48 votos a favor, de los que 20 eran de la administración central), 27 en contra y cinco abstenciones.
Entre los votos en contra figuraban los de los dos gobiernos regionales, los regantes del Vinalopó y de la Mancha Oriental, ayuntamientos, organizaciones ecologistas y sindicales. Los regantes tradicionales del Júcar dieron un apoyo «condicionado» a la ejecución de obras que debían estar finalizadas hace una década.
Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana votaron también en contra del Plan Hidrológico del Segura.
Recursos al Tribunal Supremo
El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de su consejera Elena de la Cruz anunció ayer en declaraciones a la agencia Efe que recurrirá ante el Tribunal Supremo los planes hidrológicos del Tajo, Segura, Júcar y Guadiana, por considerar que «perjudican gravemente los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua».
Por otra parte, ningún portavoz oficial de la Generalitat Valenciana se manifestó ayer sobre un posible recurso al Tribunal Constitucional.
En relación al Plan Hidrológico del Júcar, el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, calificó del «brindis al sol» el documento y justificó su voto en contra en el Consejo del Agua de la Cuenca del Júcar celebrado el pasado septiembre en que el plan «no resuelve ningún problema, ni en el caso de la Albufera, ni en abastecimientos, ni la sobreexplotación de acuíferos».
El plan, añadió Álvaro, «reconoce unos derechos de agua que no se pueden satisfacer» y asume «déficits que se cuelan de un plan al siguiente», un planteamiento en el que coincide con organizaciones como Xúquer Viu que también rechazan el plan hidrológico aprobado ayer.
