Los escándalos de corrupción que han proliferado en la Comunitat Valenciana a la sombra del ladrillo y al calor de la moqueta institucional y la sensación de impunidad han estado abonados a la endogamia como esas plagas de conejos blindados por el vallado de la autopista. Las corruptelas, como los extremos, se tocan. De ello puede dar fe la Fiscalía Anticorrupción tras un año de investigación de la macrocausa del caso Rus y, concretamente, después de revisar buena parte de los contratos de la Diputación de Valencia y de la empresa pública Imelsa, que estuvo bajo el mando de Marcos Benavent desde 2007 hasta diciembre de 2014.
Tras inspeccionar la documentación interna de la diputación incautada por la UCO de la Guardia Civil y que obra en poder de la Fiscalía y la que aportó en su día la diputada provincial de Esquerra Unida, Rosa Pérez, la investigación judicial ha detectado pagos por valor de 475.390 euros por parte de la diputación de Alfonso Rus a empresas de Carlos Pujadas Viana, concretamente a las mercantiles Alfatec Sistemas SL y Datanet Consultores SL, contratistas de Imelsa. Pujadas, apoderado de la primera firma y administrador único de la segunda sociedad, fue consejero y presidente de Dimensión Informática SL entre 1998 y 2005 y apoderado de esa misma mercantil hasta 2008.
El contratista provincial de servicios informáticos ha sido investigado por sus vínculos, a través de esta última empresa, con Augusto César Tauroni, mano derecha del exconseller Rafael Blasco y que, al igual que éste, está cumpliendo una condena a ocho años de prisión y veinte de inhabilitación por el desvío de 1,7 millones de euros de Cooperación. Dinero concedido a la Fundación Cyes „nada que ver con la constructora„ para proyectos en Nicaragua, pero que, salvo 43.000 euros, fue empleado para comprar pisos y plazas de garaje en Valencia.
Socios contratistas de Sanidad
A través de Alfatec Sistemas, Pujadas firmó el 1 de octubre de 2013 con Imelsa un contrato de «prestación de servicios informáticos de apoyo a la explotación del sistema de información de gestión tributaria y recaudación» provincial por 296.480 euros. Ese contrato fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2015 por un importe de 118.592 euros. Alfatec fue la única empresa que se presentó a este procedimiento abierto. Hubo una tercera adjudicación, en este caso con un negociado sin publicidad, a dedo, por un total de 60.318 euros. Se consultaron tres ofertas como es preceptivo. Además de la ganadora, se pidió presupuesto a Indra Sistemas y Telvent Global Services. Datanet, por su parte, facturó 88.667 euros a la diputación por consultoría informática, según fuentes conocedoras de la investigación judicial. Unas pesquisas en las que se ha podido concluir que no se acreditó que los servicios de Alfatec y Datanet se adecuaran a un precio de mercado.
Tauroni, empresario tan próximo a Pujadas como cercanía había entre Rafael Blasco y Alfonso Rus, está considerado el cabecilla de la trama que malversó fondos. Acompañó a Blasco como contratista por los departamentos que fue controlando. En la pieza pendiente de juicio, está acusado de dirigir el entramado de ONG y fundaciones „presidía la Fundación Hemisferio, la entidad matriz„, que catalizaban el desvío del dinero de las ayudas a consultoras que facturaban a las ONG por servicios no prestados. Un caudal de casi cinco millones que alimentó, entre otras, a firmas dedicadas a servicios informáticos, la especialidad del dueño de Dimensión Informática S.L. La conexión entre Pujadas y Tauroni se remontaría a la etapa de Blasco en Sanidad.
Dimensión Informática se llevó el contrato de 3,4 millones para adecuar el programa Abucasis para 2008, 2009 y 2010. La contratista se impuso a Capgemini por una exigua diferencia. Las dos concursantes habían gestionado en UTE la base de datos de historiales médicos. Dimensión Informática subcontrató a Tauroni para la gestión del contrato que le concedió Blasco.
El empresario condenado junto al exconseller emparenta también con el caso Gürtel. En la página 124 de la agenda de Pablo Crespo se detallaba la estrategia de montar el PSD, partido impulsado por los Blasco e imbricado en el entramado vecinal Favcova, regado con subvenciones del Consell del PP.
Tauroni también conecta con el caso Castellano. Compró tres aviones a Avialsa, de Vicente Huerta, presunto patrocinador de cacerías y regalos al exconseller. Castellano dio 33 millones a Huerta por el servicio de extinción aérea de incendios, como avanzó este diario el 4 de agosto de 2013. El escándalo provocó la detención de ambos el pasado mes de mayo.
