Todas las facturas cobradas por las empresas de informática contratistas de lmelsa fueron autorizadas por Marcos Benavent, el exgerente de la empresa pública provincial. Entre 2013 y 2014, la diputación abonó casi 450.000 euros a las dos sociedades con las que el empresario Carlos Pujadas contrató con Imelsa. Solamente un pago de 23.054 euros es imputable a 2012. La potestad de autorizar la liquidación de las facturas emitidas por los proveedores, generalmente a través de Bankia, correspondía a la figura del gerente.
Benavent, situado en un puesto clave de la diputación por el expresidente provincial Alfonso Rus, mejoró ostensiblemente su capacidad de maniobra en el manejo del dinero público a partir del 9 de abril de 2010. Ese día se formalizó el otorgamiento de nuevos poderes por parte de la sociedad —su consejo de administración— a Marcos Benavent. Se ampliaba a 150.000 euros la cantidad que podía manejar a la hora de otorgar y firmar cartas de pago, cheques, facturas, recibos o al retirar o disponer de fondos de la mercantil pública.
Gracias a esta ampliación de poderes, el exgerente de Imelsa pudo adjudicar 4 millones de euros a un selecto ramillete de siete empresas afines y controladas por testaferros suyos. Varias de ellas en manos de alcaldes del PP y socios de Benavent en Berceo Mantenimientos, la empresa que montó el entonces amigo de Rus para poder canalizar cobros de comisiones mediante facturas por servicios no prestados que libraba a contratistas provinciales a los que exigía el «impuesto revolucionario» como pago de favor por el contrato concedido.
De esta forma, el dinero público salía para abonar adjudicaciones a empresas como Excavaciones y Movimientos Jemar y Ommega Mmoe y éstas, a su vez, pagaban facturas de servicios fantasma a Berceo Mantenimientos, la firma pantalla constituida por Benavent.