El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado a juicio a 27 personas, entre las que se encuentran los exconsellers del Gobierno de Francisco Camps Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado, por las adjudicaciones presuntamente irregulares que la Generalitat Valenciana concedió a la empresa Orange Market, filial del grupo en esta comunidad, entre los años 2004 y 2009.
En un auto dictado este lunes, el magistrado sienta en el banquillo de los acusados por delitos de corrupción a otros cargos políticos valencianos como el exdiputado autonómico David Serra y al presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y el responsable del grupo en Valencia, Álvaro Pérez, 'el Bigotes'.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 destaca en su resolución que los líderes de la red Gürtel, prevaliéndose de las "especiales relaciones que habían logrado establecer directamente o a través de terceros con autoridades y funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana", consiguieron la "adjudicación y contratación irregular de numerosos contratos públicos", lo que supuso dar satisfacción a su "lucrativo propósito" y provocar un "perjuicio para las arcas del erario público autonómico".
En el auto de apertura de juicio oral, de 116 páginas, el juez recuerda que los acusados deberán responder de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil, falsificación en documento oficial y malversación de caudales públicos.
Para asegurara las responsabilidades pecuniarias que se deriven del juicio por estos hechos, De la Mata impone fianzas, en concepto de multas más el tercio que establece la ley, por un total de 776.667 euros para Correa, Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños y fianzas que van desde los 4.320 a los 66.667 euros para otros de los acusados.
Peticiones de inhabilitaciones
En el caso de los políticos acusados, a los que se imputa un delito de prevaricación administrativa, solicita nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para De Miguel y Serra, ocho para Cervera y siete para Rosado, así como la imposibilidad de ser elegidos en unos comicios durante el tiempo que duren sus condenas.
Serra, que fue secretario autonómico de Deportes, será juzgado por la organización del Open de Tenis entre los años 2005 y 2008, mientras que De Miguel se sentará en el banquillo por las adjudicaciones efectuadas durante el periodo en el que estuvo al frente del departamento de Bienestar Social. Los 'exconsellers' de Sanidad Manuel Cervera y Luis Rosado responderán por los contratos relacionados con las obras de ampliación del Hospital Clínico.
Además, se sentarán en el banquillo de los acusados la que fuera directora general de Promoción Institucional Dora Ibars por el montaje del stand de Grandes Eventos de Fitur 2009 y la contratación de la Guía de la Comunicación y Memorias USB; y la ex directora general del Libro Silvia Caballer y el exdirector de Castelló Cultural Vicente Farnós por proyectos de Software Libre. Este último responderá también por la contratación del X Aniversario de la Sociedad Proyecto Castellón Cultural.
Asimismo, están acusados el ex secretario autonómico de Familia y Solidaridad Enrique Navarro por contrataciones en Bienestar Social; la exdirectora del Instituto de Evaluación y Calidad Educativa y ex secretaria autonómica de Educación, María Auxiliadora Hernández por dos contrataciones originadas por el Instituto Valenciano para la Educación y Calidad Educativa (Ivece); la que fuera gerente de la Fundación Luz de las Imágenes Carmen Díaz por contrataciones de la entidad en los años 2005, 2006 y 2008.
La lista de acusados incluye también a la antigua gerente de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana Arantxa Vallés por un acto de la Volvo Ocean Race en la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica; y al exdirector de Asistencia Sanitaria Rafael Peset y la exjefa de la Sección Administrativa y de Régimen Interior María Paz Aviñó, por los Premios Salud y Sociedad 2006 y 2007.
Además, se sentarán en el banquillo Enrique Bort, exjefe del gabinete técnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva); Inmaculada García Pardo, directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE); Paula de Cubas, ex asesora de prensa de diversos departamentos de la Generalitat; y José Manuel Vidal, quien ocupó diferentes cargos en la Administración y también trabajó para Orange Market. Todos ellos tendrán que responder por un vídeo de parques empresariales del Sepiva.
Finalmente, están acusadas otras cuatro personas por las contrataciones que la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) realizó con Orange Market: Juan Miguel Bellver, ex director general de la sociedad; Joaquín Tomás Font de Mora, ex asesor jurídico; Antonio Santo, jefe de área; y Patricia Callaghan, jefa de sección del Área de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio.
